El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el indulto parcial de la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs, una decisión que evitará su ingreso en prisión pese a haber sido condenada de forma firme por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación irregular de contratos públicos.
El Consejo de Ministros ha acordado sustituir la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años, lo que permitirá a la dirigente de Junts eludir previsiblemente la cárcel al carecer de antecedentes penales. El Ejecutivo, sin embargo, mantiene el resto de la condena, incluida la multa y la pena de inhabilitación.
El indulto se concede en los términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que, pese a condenar a Borràs, consideró en su sentencia que la pena de prisión prevista por la ley resultaba «desproporcionada y excesiva» para este caso. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la condena.
Más de un año de espera
La propuesta de indulto llevaba más de un año sobre la mesa del Ministerio de Justicia. En junio de 2025, la Fiscalía informó en contra de conceder la medida de gracia, pero finalmente el ministro Félix Bolaños ha impulsado el indulto parcial aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Borràs siempre sostuvo que el procedimiento judicial era un caso de lawfare y se presentó como una víctima de una persecución política relacionada con el procés. Sin embargo, la condena no guarda relación con la causa independentista, sino con su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Los tribunales consideraron probado que, entre 2013 y 2018, fraccionó contratos públicos para adjudicarlos de forma directa a un colaborador de su confianza, evitando así los procedimientos de concurso público establecidos por la ley. En total, fueron 18 contratos menores por un importe de 335.700 euros destinados al desarrollo del portal web de la institución.
Cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación
La investigación se inició de forma fortuita durante una operación de los Mossos d’Esquadra contra el empresario beneficiado por las adjudicaciones, investigado por tráfico de drogas. Durante el registro aparecieron correos electrónicos que destaparon la relación contractual con Borràs y dieron origen al procedimiento judicial.
En 2023, el TSJC condenó a la expresidenta del Parlament a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitacióny una multa de 36.000 euros por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial e inducción a un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Dos años después, el Tribunal Supremo ratificó íntegramente la sentencia.
Con el indulto parcial aprobado por el Gobierno, Laura Borràs evitará finalmente ingresar en prisión, aunque seguirá inhabilitada para ocupar cargos públicos durante el tiempo fijado por la sentencia.
