SCC acusa a la Generalitat de «tapar sus vergüenzas» con el fiasco de las pruebas PISA

Societat Civil Catalana denuncia que la exclusión de casi una cuarta parte del alumnado invalida los resultados y acusa a la Generalitat de intentar ocultar el deterioro del sistema educativo

Alumnos en un aula haciendo un examen.
SCC sospecha que la Generalitat utiliza el error en PISA para ocultar el desplome de la educación catalana.

Los resultados de Cataluña en las pruebas PISA 2025 no podrán compararse con los del resto de comunidades autónomas después de que el 23% del alumnado catalán quedara excluido de la evaluación, una circunstancia que, según ha reconocido la propia Generalitat, se debe a una «incidencia técnica».

Ante esta situación, Societat Civil Catalana (SCC) ha cargado duramente contra el Govern y considera que la explicación ofrecida resulta «difícil de creer». La entidad sostiene que la exclusión de un porcentaje tan elevado de estudiantes impide que los datos sean representativos y rompe, además, la continuidad histórica de los resultados de Cataluña en el informe PISA.

¿Incompetencia o estrategia?

Para SCC, solo existen dos posibles explicaciones: una «grave incompetencia» por parte de la Administración autonómica o una estrategia para evitar que los nuevos resultados reflejen un rendimiento similar o incluso peor que el registrado en anteriores ediciones.

La entidad recuerda que en su informe ‘La Educación en Cataluña. Un modelo de fracaso, discriminación e injusticia social’, publicado el pasado mes de junio, ya advertía del deterioro del sistema educativo catalán. Según sostiene, los informes PISA de los últimos años sitúan a Cataluña como la comunidad autónoma con peores resultados académicos.

Cortina de humo

Asimismo, SCC considera insuficiente la decisión de la Generalitat de abrir diligencias e impulsar una comisión de coordinación de pruebas y estudios de evaluación. A juicio de la organización, esta medida constituye una «cortina de humo» que evita abordar las causas profundas del problema.

La entidad reclama que las administraciones centren sus esfuerzos en mejorar la calidad de la enseñanza y en destinar los recursos públicos a reforzar el sistema educativo, en lugar de incrementar el gasto en nuevos órganos administrativos o en políticas que, según denuncia, han respondido durante años a criterios ideológicos.

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