El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF, a través del SEPBLAC, a investigar los movimientos bancarios del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, su secretaria María Gertrudis Alcázar, su amigo Julio Martínez Martínez y varias empresas vinculadas a la causa.
La decisión, recogida en un auto judicial, responde a las sospechas de un posible ocultamiento de fondos o movimientos de dinero de origen ilícito. La investigación analizará seis cuentas de Zapatero, nueve de sus hijas, siete de su secretaria, dos de Martínez y otras 33 cuentas pertenecientes a sociedades mercantiles bajo investigación.
Una posible red de fondos
Según el auto judicial, los indicios analizados apuntan a una estructura organizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero figuraría como supuesto beneficiario principal y Julio Martínez Martínez como responsable de gestionar y canalizar los fondos. El magistrado investiga si el entramado empresarial pudo utilizarse para ocultar el origen y destino del dinero mediante contratos de asesoría presuntamente ficticios.
La resolución señala que varias sociedades habrían desempeñado distintos papeles dentro de la operativa investigada. Algunas, como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aparecen como posibles vías de financiación, mientras que otras, como Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap, habrían servido para introducir y redistribuir fondos hacia Zapatero, la empresa Whathefav y compañías vinculadas a Martínez.
Pagos bajo investigación
La resolución judicial sitúa el centro de la investigación en una presunta estructura dedicada a la gestión de influencias para determinados clientes, cuyos pagos se habrían realizado mediante contratos de consultoría cuya finalidad está siendo analizada por el juez.
El auto recoge que Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero desde 2011, habría declarado que su empresa Análisis Relevante estaba dirigida por el expresidente y servía para canalizar ingresos procedentes de sus actividades de consultoría. El magistrado considera que Martínez habría desempeñado un papel clave como persona de confianza, interlocutor con clientes y gestor de parte de la actividad investigada.
La secretaria, bajo análisis
La investigación también analiza el papel de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, por su participación en comunicaciones, documentación y organización de actividades vinculadas a la causa. Aunque no se han detectado ingresos directos desde el entramado empresarial hacia ella, el juez considera necesario revisar su patrimonio por la función que habría desempeñado dentro de la estructura investigada.
Entre los aspectos bajo análisis figura la adquisición de una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria. El magistrado ha solicitado comprobar el origen de los fondos utilizados en los pagos realizados entre 2021 y 2023 para determinar si existe una justificación económica.
Las empresas de Martínez
El auto judicial también analiza las sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, cuya red empresarial estaría formada por al menos 27 compañías. Según el juez, estas empresas presentan características comunes, como domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias realizadas de forma simultánea, elementos que podrían indicar una gestión o control común.
Además, el magistrado señala que en 2020 y 2021 no constarían cuentas personales de Martínez en España, una circunstancia que, según la resolución, deberá ser investigada para determinar si se utilizaron otros medios de pago, cuentas en el extranjero o recursos procedentes de sus sociedades.
Análisis financiero
La autorización judicial permitirá a la UDEF y al SEPBLAC analizar en profundidad los movimientos bancarios para esclarecer si pudieron existir irregularidades, ocultación de fondos o posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Las personas y sociedades investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su responsabilidad.
