Hay un truco argumental que se ha vuelto rutinario: la crítica ad personam que pretende acabar con cualquier diálogo. Típicas críticas ad personam serían acusar de racista, nazi o terrorista. Cuando un ceutí dice que tiene miedo, que no puede usar su barrio o que exige que el Estado recupere el control de la ciudad, alguien en un plató o en redes responde que eso es racismo. Es una acusación injusta y, además, intelectualmente perezosa. Sirve para no discutir lo que está pasando. Es una típica acusación ad personam.
Ceuta no es una ciudad recién llegada a la diversidad. Es, desde hace generaciones, una sociedad donde conviven españoles cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes. No es un eslogan de folleto turístico: es el paisaje cotidiano de una plaza española en el norte de África. Hay vecinos musulmanes que llevan décadas —o toda la vida— siendo ceutíes, hablando árabe y castellano, compartiendo fiestas, colegios, comercios y parentesco. Confundir a esos ciudadanos con una entrada masiva e irregular de miles de personas en pocos días no es antirracismo. Es una confusión interesada.
Por eso resulta especialmente ofensivo el sambenito cuando lo reciben también ceutíes de origen marroquí o confesión musulmana. Ellos no están protestando contra «el otro» abstracto. Están protestando porque les han ocupado el espacio público, porque hay campamentos en playas y descampados, porque ha aumentado la sensación de inseguridad y porque, según datos de la Fiscalía, desde finales de julio se han contabilizado decenas de denuncias graves, entre ellas agresiones sexuales y violaciones, con víctimas que en su mayoría son mujeres y menores. Quien convierte ese miedo en un prejuicio racial está haciendo el trabajo sucio de quienes prefieren el relato a la realidad.
Un vecino tiene derecho a denunciar inseguridad. Tiene derecho a decir que hay miedo. Tiene derecho a exigir que se investiguen violaciones y agresiones, se identifique a los responsables y se expulse a quien comete delitos y no tiene derecho a permanecer. Eso no es odio. Es la exigencia mínima de cualquier ciudad europea que no quiera disolverse en el desgobierno.
También es cierto otra cosa, más incómoda para el Gobierno: cuando el Estado llega tarde, o llega a medias, o habla como si el problema fuera sobre todo de imagen, la sociedad local acaba empujando. No porque «deba crear conflicto» como si la violencia fuera un instrumento legítimo, sino porque en democracia el abandono se combate con presión política, con protesta visible, con exigir responsabilidades y con no dejar que el asunto se pudra en silencio. Un gobierno que solo se mueve cuando hay cámaras y tensión tiene parte de culpa de que la calle se caliente. Eso no autoriza a incendiar chamizos, a organizar batidas ni a que grupos llegados de fuera se apropien de la rabia ceutí.
Hay una línea que no se puede cruzar. Los linchamientos, si los hubiera, hay que condenarlos sin matices. Quemar campamentos, agredir a periodistas, hostigar a vecinos musulmanes de toda la vida o convertir una protesta en cacería no defiende Ceuta: la ensucia y le entrega el relato a quien ya quería pintar a todos los ceutíes como una turba. Los propios convocantes locales han tenido que suspender marchas al detectar la llegada de ultras. Eso importa. Quiere decir que una parte de la ciudad entiende la diferencia entre pedir orden y sembrar odio.
Otra cosa es la legítima defensa. No es lo mismo tomarse la justicia por su mano que proteger la propia integridad, la de la familia o la del vecindario cuando hay una agresión inminente y el Estado no está. El derecho a defenderse existe en la ley precisamente porque el monopolio de la fuerza del Estado no siempre llega a tiempo. Pero ese derecho es individual, proporcional y excepcional. No es una licencia para patrullas improvisadas ni para venganza colectiva. Quien mezcla ambas cosas —el abandono real y la tentación del justiciero— acaba destruyendo lo único que puede sostener Ceuta: la convivencia entre españoles de distintas culturas bajo una misma ley.
La pregunta no es si Ceuta es racista. La pregunta es si España está dispuesta a tratar a Ceuta como lo que es: territorio nacional, frontera exterior y una sociedad plural que no tiene por qué elegir entre compasión humanitaria y seguridad. Puede —y debe— exigir las dos cosas. Acoger no es entregar barrios. Proteger a las víctimas de agresiones sexuales no es «señalar a un colectivo». Pedir devoluciones, centros dignos fuera de las playas, más Policía y una política fronteriza seria no es extrema derecha: es Estado.
Si el Gobierno interviene de verdad —control, identificación, expulsiones de delincuentes, tutela de menores, reposición del orden público—, la tensión bajará y el pretexto de los violentos se desinflará. Si no lo hace, seguirá habiendo miedo, seguirá habiendo protesta y seguirá habiendo quien intente capitalizar ese miedo. Culpar entonces a los ceutíes de ser racistas será, otra vez, la coartada más barata.
