El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que los ceutíes padecen una «sensación de inseguridad subjetiva». Es una manera sorprendente de describir lo que está ocurriendo en Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. Sobre todo porque, cuando se examinan los datos disponibles, la subjetividad empieza a convertirse en algo bastante objetivo.
El propio Marlaska reconoció en el Congreso que desde el inicio de la crisis se habían registrado siete agresiones sexuales constitutivas de violación y otras diez agresiones sexuales. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado elevó a 23 los procedimientos abiertos por agresiones sexuales. Conviene introducir una precisión fundamental: no puede atribuirse automáticamente cada uno de estos delitos a los inmigrantes que entraron en Ceuta ni criminalizar colectivamente a decenas de miles de personas. Pero tampoco parece razonable negar que la situación de seguridad de la ciudad se ha deteriorado extraordinariamente desde aquella entrada masiva.
Los datos aportados por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, son todavía más contundentes. Según los registros del servicio de emergencias 112 de la Ciudad, los expedientes relacionados con seguridad ciudadana pasaron de 768 en agosto de 2025 a 5.233 en agosto de 2026: casi siete veces más. Las agresiones pasaron de 67 a 1.001; los allanamientos de morada, de 10 a 600; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326. Puede discutirse la equivalencia entre llamadas o expedientes del 112 y delitos policialmente registrados —no son la misma estadística—, pero difícilmente puede calificarse semejante variación como una simple percepción ciudadana.
La propia Fiscalía ha reconocido además un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad durante la crisis. Son datos que obligan, como mínimo, a tomarse muy en serio lo que están viviendo los habitantes de Ceuta.
*6 El Gobierno parece demasiado preocupado por evitar cualquier vinculación entre inmigración e inseguridad, probablemente por temor a alimentar discursos xenófobos. La intención puede ser comprensible; el resultado puede ser justamente el contrario. Cuando el ciudadano ve multiplicarse las intervenciones policiales, conoce agresiones, robos o apuñalamientos y modifica sus hábitos por miedo, responderle que su inseguridad es «subjetiva» no tranquiliza: irrita.
Reconocer un problema de seguridad no significa sostener que inmigración y delincuencia sean sinónimos. No lo son. Tampoco significa responsabilizar de los delitos a los miles de inmigrantes que no han cometido ninguno. Significa algo mucho más elemental: admitir que introducir de manera súbita decenas de miles de personas en una ciudad de apenas 85.000 habitantes, muchas de ellas sin alojamiento ni medios suficientes, provoca inevitablemente una presión extraordinaria sobre la seguridad, los servicios públicos y la convivencia.
La obligación del Gobierno no es proteger un relato, sino proteger a los ciudadanos y también a los propios inmigrantes que se encuentran en situación vulnerable. Para ello hacen falta más medios policiales, control efectivo de la frontera, identificación de quienes permanecen irregularmente en la ciudad, persecución inmediata de los delincuentes y una solución rápida para evitar que una situación excepcional termine convirtiéndose en permanente.
Porque 1.001 agresiones comunicadas al 112 frente a 67 un año antes, 600 allanamientos frente a 10 y 5.233 expedientes de seguridad frente a 768 no son una sensación. Son cifras. Después podremos discutir sus causas, su naturaleza y las soluciones adecuadas.
Pero negar la realidad nunca ha sido una buena manera de resolver un problema.
Y como posdata una noticia de hoy mismo:
La Policía Nacional ha detenido al menos a dos personas en Ceuta después de nuevas peleas entre migrantes registradas esta madrugada alrededor de la playa del Trampolín, una zona donde todavía permanecen miles de personas que entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31 de julio. Los enfrentamientos han dejado al menos dos heridos por arma blanca, ambos trasladados al hospital. En una de las peleas, un migrante ha sido apuñalado y ha necesitado asistencia hospitalaria, mientras que el autor de la agresión todavía no ha podido ser detenido.
Poco después se ha registrado un segundo enfrentamiento en las montañas próximas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ha dejado a otra persona herida después de recibir un golpe en la cabeza y sufrir lesiones en una mano. En paralelo, la policía ha arrestado hacia la una de la madrugada a un migrante marroquí que llevaba escondidos entre la ropa un machete de grandes dimensiones y una porra extensible. Los agentes le han confiscado ambas armas y el arrestado pasará a disposición judicial acusado de un delito de tenencia ilícita de armas.
O sea lo de subjetivo es un sarcasmo, especialmente para las victimas
