Los graves disturbios y saqueos que el pasado sábado sembraron el caos en el centro de Barcelona comienzan a tener consecuencias judiciales. La Fiscalía de Menores ha solicitado el internamiento en un centro de Justicia Juvenil de seis de los adolescentes detenidos por los Mossos d’Esquadra y la libertad vigilada para otros 29, a quienes también pretende prohibir que asistan o se acerquen a menos de mil metros de cualquier manifestación o concentración en España.
Las medidas solicitadas por el Ministerio Público, adelantadas por El Nacional, deberán ser ratificadas por el juez de Menores. Los seis adolescentes para los que se reclama el internamiento podrían ingresar en el centro de Can Llupià, situado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó.
La Fiscalía también ha solicitado restricciones para los primeros detenidos mayores de edad que han pasado este lunes a disposición judicial. En concreto, pide que se les prohíba participar en manifestaciones y concentraciones, con la advertencia de que solicitará su ingreso inmediato en prisión preventiva si incumplen esta medida cautelar.
130 detenidos y 14 policías heridos
Los Mossos d’Esquadra han elevado a 130 el número de detenidos por los altercados, protagonizados por grupos de jóvenes convocados a través de las redes sociales bajo el pretexto de reclamar mejoras educativas. Según el último balance policial, entre los arrestados figuran 123 hombres, de los cuales 49 son mayores de edad y 74 menores, y siete mujeres, cinco adultas y dos menores.
Por su parte, la Fiscalía ha informado de que un total de 89 menores han sido puestos a su disposición. De ellos, 43 pasaron por el servicio de guardia del domingo, mientras que el resto han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el Ministerio Público a lo largo de esta semana, a razón de entre ocho y diez diarios. Antes de decidir qué medidas educativas solicitará para cada uno, los menores serán evaluados por los equipos técnicos correspondientes.
Los disturbios comenzaron alrededor de las seis de la tarde del sábado y se prolongaron hasta medianoche. Durante esas horas, grupos de encapuchados protagonizaron saqueos, incendios y actos vandálicos que dejaron 14 agentes de los Mossos heridos, cuatro de ellos graves, y 23 establecimientos afectados, principalmente tiendas de ropa y tecnología.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación en la causa judicial. El Consistorio ha cifrado en 36.000 euros los daños ocasionados al mobiliario urbano.
Los Mossos investigan quién organizó los disturbios
Una de las principales líneas de investigación se centra ahora en identificar a quienes promovieron las convocatorias a través de las redes sociales. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que solicitarán al juez que requiera información a las plataformas digitales para descubrir quiénes se encuentran detrás de la cuenta Blocus en X, desde la que se difundieron llamamientos a participar en las concentraciones.
La cuenta, que posteriormente ha desaparecido de las redes sociales, había convocado una nueva concentración para el próximo sábado 31 de octubre en Barcelona. Los investigadores también analizan la utilización de grupos de Telegram y WhatsApp para organizar a los participantes.
Parlon ha rechazado que detrás de los altercados existiera una reivindicación social o política organizada y ha señalado que los participantes perseguían provocar disturbios y cometer robos. «No había ninguna manifestación, ninguna organización social o política detrás de este encuentro desordenado», ha afirmado la consellera en declaraciones a Catalunya Ràdio y RAC1. Según Parlon, los participantes sí tenían una finalidad clara: generar una situación de disturbios continuos, saqueos y robos con fuerza.
Los Mossos han constituido un equipo conjunto de investigación que está analizando imágenes, pruebas y las numerosas identificaciones policiales realizadas antes y durante los incidentes para determinar las responsabilidades individuales y localizar a los organizadores.
Más de 2.200 menores cumplen medidas educativas en Cataluña
La posible entrada de los seis adolescentes en Can Llupià se enmarca en el sistema de Justicia Juvenil de Cataluña, que actualmente tiene a 2.204 menores sometidos a medidas educativas. Según los datos del Departamento de Justicia, 101 se encuentran internados en centros de Justicia Juvenil en cumplimiento de medidas judiciales, mientras que otros 95 permanecen internados cautelarmente a la espera de juicio.
Las comparecencias judiciales de los seis menores para los que la Fiscalía solicita el internamiento se han repartido entre el domingo, cuando comparecieron los tres primeros, y este lunes, cuando lo han hecho los otros tres.
