La posibilidad de cerrar el AVE Madrid-Barcelona durante un periodo de entre 12 y 24 meses para acelerar las obras de renovación ha provocado el rechazo de representantes políticos, empresarios y expertos en movilidad de Cataluña. Los críticos consideran que una interrupción total tendría un impacto importante en uno de los corredores ferroviarios con mayor tráfico de España.
Aunque coinciden en la necesidad de renovar la infraestructura para mejorar su fiabilidad y reducir las incidencias, defienden que los trabajos se realicen por fases y permitan mantener el servicio, aunque sea con limitaciones. El objetivo es compatibilizar las obras con la movilidad de los viajeros y evitar las consecuencias económicas de una paralización prolongada.
Illa pide limitar los cortes
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado contrario a un cierre total del AVE Madrid-Barcelona y ha defendido que las obras se ejecuten con las máximas garantías de seguridad, pero con las menores afectaciones posibles al servicio.
El dirigente catalán apuesta por compatibilizar los trabajos de renovación con la circulación de trenes, como se ha hecho hasta ahora, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.
Los ingenieros rechazan el cierre
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña defiende la necesidad de renovar la línea, pero rechaza que sea imprescindible suspender completamente la circulación. Su decano, Pere Calvet, propone reducir el número de trenes y mantener parte del servicio durante las obras, al considerar difícil asumir las consecuencias de cerrar un corredor con tantos viajeros.
Asimismo, los ingenieros cuestionan la aplicación del modelo alemán en España, ya que la estructura radial de la red ferroviaria y la falta de conexiones alternativas dificultarían absorber el volumen de pasajeros afectados.
Pimec alerta del impacto económico
La patronal Pimec defiende renovar la línea para garantizar un servicio ferroviario fiable, pero reclama que las obras se planifiquen sin perjudicar la movilidad ni la actividad empresarial. Para ello, pide diálogo con los agentes económicos y alternativas que mantengan la conexión entre Madrid y Barcelona.
La organización advierte de que un cierre prolongado podría afectar a los desplazamientos laborales, las relaciones comerciales y sectores como el turismo y los negocios.
Los expertos piden alternativas
Los expertos en movilidad Pau Noy, presidente de la Fundación Movilidad Sostenible, y Sergi Saurí, director de CENIT-CIMNE, consideran desproporcionado cerrar el AVE durante dos años. Advierten de que la medida afectaría a ciudades como Tarragona, Lleida, Zaragoza y Calatayud, y de que no existen alternativas de transporte suficientes para absorber a todos los viajeros.
Como alternativa, proponen ejecutar las obras por tramos, mantener una circulación limitada, aunque aumenten los tiempos de viaje, y ampliar los horarios nocturnos de mantenimiento para evitar una interrupción total del servicio.
Rechazo político en Cataluña
La propuesta también ha recibido críticas de los partidos catalanes. ERC, Junts, Comuns y PP cuestionan el cierre prolongado de una infraestructura estratégica para Cataluña y reclaman mayor planificación antes de adoptar una decisión de este alcance.
Las formaciones piden un debate técnico que permita garantizar la seguridad ferroviaria sin interrumpir las comunicaciones. También advierten de la incertidumbre que la medida podría generar entre los usuarios y el tejido empresarial.
40.000 viajeros diarios afectados
El AVE Madrid-Barcelona es el corredor de alta velocidad con más tráfico de España, con unos 40.000 viajeros diarios y 14,4 millones al año. La línea cuenta con servicios de Renfe, Iryo y Ouigo. Los detractores del cierre advierten de que la falta de alternativas ferroviarias suficientes obligaría a muchos pasajeros a recurrir al avión, el autobús o el vehículo privado, con mayores costes y tiempos de desplazamiento.
Por ahora, la paralización total sigue siendo una posibilidad planteada por el Ministerio de Transportes, pero no hay una decisión definitiva. Óscar Puente busca reducir de unos cinco años a menos de dos el plazo de renovación, aunque las críticas políticas, empresariales y técnicas en Cataluña evidencian las dificultades de llevar adelante esta propuesta.
