La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado este martes, 3 de noviembre, la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. El operativo ha empezado a las tres de la madrugada con la intervención de unos 400 agentes, que han procedido a retirar las tiendas y desalojar a los manifestantes.
En el momento de la actuación había unas 334 personas durmiendo en la plaza y se han producido dos detenciones por resistencia a la autoridad. El Movimiento 26S ha denunciado la violencia policial y ha asegurado que varias personas han resultado heridas por golpes y gas pimienta. Algunos acampados también han criticado que no se les haya permitido recoger sus pertenencias.
Una protesta de más de un mes
La acampada empezó el pasado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y que falleció posteriormente. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, la protesta reunió durante semanas a cientos de personas y llegó a organizarse como una pequeña ciudad, con comisiones de voluntarios encargadas de coordinar las actividades y repartir tareas.
En los últimos días, los organizadores ya habían iniciado la disolución progresiva del campamento para trasladar las movilizaciones a los barrios y preparar la huelga general del próximo 11 de noviembre, centrada también en las reivindicaciones por el acceso a la vivienda.
El Gobierno defiende el desalojo
La Delegación del Gobierno en Madrid ha justificado el desalojo alegando que la naturaleza de la acampada había cambiado, después de que varias organizaciones convocantes se retiraran y permanecieran en la plaza personas sin hogar y colectivos vulnerables. El Ejecutivo ha defendido la coordinación entre los cuerpos policiales, los bomberos y los servicios sociales, y ha asegurado que la operación se ha desarrollado «sin alteraciones violentas del orden público» y respetando los principios de proporcionalidad.
Antes de la intervención, el Gobierno había enviado dos comunicaciones a los acampados: una el 26 de octubre, en la que advertía de que ya había transcurrido un periodo «razonable» para mantener la protesta, y otra el 29 de octubre, en la que exigía su desmantelamiento. Tras el desalojo, los servicios municipales de limpieza han empezado a retirar las tiendas y trasladarlas a depósitos municipales, donde sus propietarios podrán reclamarlas.
