La automovilística Nissan ha abierto la posibilidad de negociar otra extensión a la fecha anunciada de cierre de las plantas de Barcelona más allá de junio de 2021 «si se logra gestionar el excedente de personal y siempre bajo acuerdo entre las partes».
Así lo ha transmitido la dirección a los sindicatos en la sexta reunión de mediación convocada por la Conselleria de Trabajo de la Generalitat, en el marco del proceso oficial de consultas iniciado el pasado 30 de junio por el cierre de las plantas a partir de diciembre de 2020, ha informado en un comunicado.
Además, la dirección de la empresa se ha comprometido con los sindicatos a estudiar alternativas de recolocación con el objetivo de reducir la afectación del ERE, así como condiciones de plan social si no hay alternativas viables de reindustrialización.
Mesa de trabajo
Nissan se ha comprometido a impulsar una mesa de trabajo para estudiar posibles opciones de reindustrialización con la participación de todos los actores necesarios, no solo para buscar alternativas de viabilidad de las plantas, sino también para las empresas proveedoreas.
También mantiene la propuesta «de no despidos traumáticos hasta diciembre de 2020″ y la voluntad de trabajo conjunto para buscar soluciones, aunque las posiciones de la dirección y sindicatos se mantienen opuestas, a la espera de la última reunión este jueves.
Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que siguen sin recibir información sobre «la indemnización de Daimler por finalizar el contrato antes de tiempo, o el coste por unidad del X-83 en Francia».
Prejubilaciones
«Las decisiones están tomadas y los representantes que se sientan delante nuestro, da la sensación de que son simples marionetas que las manejan desde Nissan Europa, para cerrar el expediente lo más rápido posible, din tener el más mínimo miramiento con la plantilla«, han asegurado.
La automovilística Nissan presentó este martes un plan social que prevé prejubilaciones e indemnizaciones para los trabajadores de las plantas barcelonesas que la compañía prevé cerrar, en caso de que «los esfuerzos para encontrar una solución de futuro no fructificasen».
El plan clasifica a los empleados según edad y antigüedad, y ha defendido la «necesidad de llegar a un acuerdo dentro del marco legal planteado (ERE) con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica para todas las partes».
