Pese a que las acciones violentas cometidas por los CDR recibieron hace un par de años el aval del presidente de la Generalitat, Quim Torra —que les instó a «seguir presionando»—, ahora su conducta ha merecido un fuerte reproche. El varapalo ha sido asestado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha incluido al que define como «movimiento violento independentista catalán» en el apartado sobre «terrorismo nacional» de su Memoria Anual presentado ayer lunes. En la lista, también aparecen ETA, el Anarquismo Insurrecionalista, el Grapo y el yihadismo.
En concreto, sobre la situación en Cataluña, la Fiscalía destaca que «durante el 2019 han seguido produciéndose acciones violentas e intimidatorias del independentismo radical y violento catalán dirigidas contra personas, colectivos e instituciones que posicionan en contra del proceso secesionista».
En este sentido, recuerda que el pasado 23 de septiembre la Guardia Civil detuvo a nueve personas relacionadas con los Comités de Defensa de la República (CDR), quienes presuntamente preparaban acciones violentas. La prueba es que «durante los registros domiciliarios se incautaron sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos». «Puestos a disposición judicial», prosigue la Fiscalía, «se acordó el ingreso en prisión de siete de los detenidos por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos».
Los «graves disturbios» tras la sentencia del ‘procés’
Asimismo, el informe se hace eco de las movilizaciones impulsadas por la plataforma Tsunami Democràtic durante los días anteriores al 14 de octubre, cuando el Tribunal Supremos hizo publica la sentencia a los políticos del procés, así como de los sucesos que se produjeron tras el fallo: «se sucedieron graves disturbios en diferentes ciudades de Cataluña, especialmente focalizados en Barcelona, que incluyeron la paralización del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cortes de vías de comunicación (avenidas, calles, carreteras y tráfico ferroviario) y ataques a edificios públicos (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Comisarías del CNP y de los Mossos d’Esquadra, Cuarteles de la Guardia Civil, Consejerías de la Generalitat, etc)».
El «CNI catalán»
En cuanto a las acciones que se han desplegado para hacer frente a la violencia secesionista, la Memoria alude a la Operación Cadera, que investiga la «estructura y relaciones con otros grupos» de los CDR. Dentro de este apartado también se cita la Operación Apóstolcat, que «investiga la existencia de una organización clandestina liderada por empleados públicos catalanes, denominada CNI catalán, que estaría dinamizando varias iniciativas tendentes a la desconexión del estado catalán mediante la creación/regeneración de estructuras paralelas de Estado de una república catalana digital».
Según el documento, este grupo se ocuparía también de «planificar y, llegado el caso, ejecutar ciertas acciones multitudinarias y otras acciones con la finalidad de tomar el control del territorio».
