El informe oficial sobre el apagón del 28 de abril confirma lo que muchos expertos venían advirtiendo: el sistema eléctrico español sufrió una grave sobretensión por una combinación de errores operativos, fallos de coordinación y falta de preparación ante un modelo cada vez más dependiente de energías renovables.
Aagesen ha salido hoy a relatar las principales conclusiones del informe. Si bien la Ministra evita señalar a las renovables como causa directa, los hechos son más que elocuentes y hablan por sí mismos. La red eléctrica no estaba lista para soportar oscilaciones en un sistema dominado por generación solar y eólica sin respaldo suficiente. No se programaron adecuadamente las centrales que debían regular la tensión, y muchas instalaciones renovables, pese a estar retribuidas, no participaron en esa tarea. Se intenta aquí atribuir responsabilidad a los «operadores privados» para depurar culpas, però el argumento se presenta mutilado; quién regula, controla y ejerce gestión es el Gobierno. Si un sistema paga por un servicio crítico y no lo recibe, y aun así lo sigue permitiendo, la responsabilidad es tanto del que cobra, como del que permite cobrar sin controlar.
La ministra para la Transición Ecológica ha admitido a su vez que España, por ser un país periférico y con un alto peso de renovables, es más vulnerable a perturbaciones en la red. Que no nos despiste el tono conciliador; esto no es un motivo técnico, sino el resultado de una decisión política mal gestionada: se impulsó la instalación masiva de renovables sin garantizar que el sistema eléctrico pudiera absorberlas con garantías.
El fallo, además, no se debió a falta de capacidad: había generación suficiente disponible, pero se carecen de los medios para canalizarla correctamente. ¿El resultado? Una cadena de desconexiones que dejó sin electricidad a millones de ciudadanos y puso en evidencia la fragilidad de un sistema mal planificado.
A esto se suma, no debemos olvidarlo nunca, la acusación sin base de Sánchez, que en los días posteriores al apagón culpó a las centrales nucleares de «torpedear la recuperación del sistema». Una afirmación desmentida por los datos: las nucleares no fallaron, no se desconectaron y, simplemente, no están diseñadas para regular tensión rápida, como sí lo están otras tecnologías. El Gobierno promete ahora medidas urgentes para evitar que algo así vuelva a suceder. Bien, es el procedimiento sensato, pero ello no exime de responsabilidad. El apagón no fue inevitable, ni técnico, ni imprevisible: fue, ante todo, un fallo político de planificación.
