Sé que el titular es engañoso. La Ley de amnistía avalada este jueves por el Tribunal Constitucional no busca el perdón del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sino de los líderes del procés independentista que puso a España al borde de la quiebra constitucional en octubre de 2017, tal como reconoce el propio sector progresista del TC. Pero es inevitable recordar, para poner las cosas en su justo contexto, el origen de esa amnistía. Esto es, la negociación entre Cerdán y Carles Puigdemont a cambio de los siete votos en el Congreso que Pedro Sánchez necesitaba para su investidura.
Porque ese es el auténtico pecado original de la amnistía. El gran problema de esta ley no es su encaje más o menos constitucional, a pesar de que la Carta Magna no solo no avala explícitamente una medida de este tipo, sino que rechaza los “indultos generales”, que se le parecen bastante. Tampoco, con ser grave, la ruptura de la igualdad entre españoles, al penalizar de modo distinto una misma conducta delictiva -en las protestas contra la policía, por ejemplo- en función de quien la protagoniza.
El auténtico drama de esta amnistía es que responde exclusivamente a la necesidad política de un determinado partido en un determinado momento
El auténtico drama de esta amnistía es que responde exclusivamente a la necesidad política de un determinado partido, en un determinado momento. Es muy difícil sostener que la cúpula en pleno del PSOE sufrió una epifanía en verano de 2023 que les llevó a la convicción de que la amnistía era imprescindible para pacificar Cataluña. Aunque los líderes socialistas -desde Pedro Sánchez a Salvador Illa– sostengan ahora sin rubor que la amnistía era condición sine qua non para la paz social y política en Cataluña. No se lo cree nadie, y ahí están los vídeos recorriendo las redes para recordar ese “de amnistía, nada de nada” de Illa en plena campaña electoral, que contradice la epifanía socialista.
Cuando la ley inició su recorrido en las cortes consulté a diversos juristas para entender el alcance del texto más allá de la batalla política que la amnistía siempre ha llevado asociada. Uno de ellos -probablemente el que me merece más respeto, poco sospechoso de derechón españolista- me reconocía que no le veía encaje constitucional posible y que lo mejor que podía pasar es que la amnistía se aplicara y fuera tumbada después por el Constitucional, para cerrar esa vía de agua en nuestra arquitectura jurídica.
El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha avalado la posibilidad de imponer el perdón penal por decreto
No ha sido así. El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha avalado la posibilidad de imponer el perdón penal por decreto, con la más exigua de las mayorías parlamentarias y sujeto a una volátil defensa de la paz social. Una auténtica autopista por la que en años próximos podemos ver circular casi cualquier artilugio jurídico en favor de protagonistas que probablemente todavía no somos capaces de imaginar.
Eso explica que la respuesta a la decisión de TC haya llegado esta semana mucho más desde el ámbito jurídico que del político. PP y Vox han alzado la voz, es cierto. Pero no lo es menos que lo han hecho casi por defecto, conscientes de que la amnistía, en términos políticos, ya ha sido asimilada y digerida.
Si algo tiene visos de llevar al colapso al Gobierno socialista y la heterodoxa mayoría parlamentaria que lo sustenta es el ‘Caso Koldo’ o ‘Caso Cerdán’ y todas las derivadas de esa red de corrupción que están por venir. Lo saben en el PSOE y también en el PP.
No deja de ser enternecedor ver a Puigdemont exigiendo, indignado, el cumplimiento de la ley y tachando a los jueces del TS de «sediciosos»
Pero el dictamen del Tribunal Constitucional no tiene como destinatario al poder político, aunque responda a un recurso interpuesto por el PP. Su objetivo último es doblegar la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar un perdón orquestado desde las Cortes para esquivar su sentencia a los líderes del 1-O.
Así lo explicitaron, desde el Gobierno el ministro de Justicia -nada menos- y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y desde la Generalitat Salvador Illa, reclamando al Supremo que “aplique la ley con diligencia” a los líderes independentistas. Incluido, por supuesto, Carles Puigdemont, que se ha hecho el sordo -como si la cosa no fuera con él- hasta este viernes.
No deja de ser enternecedor ver a Puigdemont exigiendo, indignado, el cumplimiento de la ley y tachando a los jueces del Supremo de “sediciosos” por no hacerlo. Muchos catalanes hubiéramos agradecido ese mismo celo en el cumplimiento de la ley cuando ejercía el máximo poder autonómico. El problema es que ese afán por el cumplimiento de la ley se refiera a una norma que sigue extendiendo tantas sombras sobre nuestra arquitectura constitucional.
