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Se agrava la polémica entre los médicos y el Govern de la Generalitat

La decisión del Departament de Salut de impulsar pruebas piloto para «adecuar» la duración de determinadas bajas laborales ha abierto un sentido debate. La iniciativa es clara: prevé vincular una parte de la financiación de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la reducción de incapacidades temporales que se prolonguen más allá de lo clínicamente indicado, especialmente en casos de salud mental y patologías osteoarticulares sin diagnóstico objetivable.

El sindicato Metges de Catalunya ha saltado, asegurando que, bajo su criterio, la medida puede «afectar a la relación de confianza entre médico y paciente», insistiendo en que “solo puede prevalecer el criterio clínico” en la decisión sobre una baja.

El Govern subraya que el objetivo no es recortar derechos ni presionar a los profesionales para dar altas anticipadas, sino evitar que las bajas se alarguen por factores ajenos al estado de salud del paciente: retrasos en pruebas diagnósticas, dificultades organizativas, demoras en el acceso a especialistas y actitudes pasivas por parte del personal sanitario.

Salut es tajante: la medida busca introducir herramientas de gestión que permitan una mayor coherencia entre la situación clínica real y la duración de la incapacidad temporal, en un contexto en el que el volumen de bajas ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

El trasfondo de la discusión no es menor y la percepción mayoritaria es clara: algunas bajas pueden prolongarse más de lo necesario, tensionando el sistema sanitario y el productivo. Por su parte, los profesionales sanitarios denuncian que buena parte de estas prolongaciones responden a carencias estructurales, como listas de espera o falta de recursos en salud mental.

MC ha reiterado que, si existen fondos adicionales, deberían destinarse a reforzar globalmente la atención primaria y avanzar hacia el objetivo del 25% del presupuesto sanitario para este nivel asistencial.

La medida coincide convenientemente con una semana de movilizaciones médicas por mejoras laborales, añadiendo un componente de presión en la negociación entre el colectivo y la Administración.

María Riera
María Riera
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM.

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