Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros del martes 24 de febrero aprobará la desclasificación de documentos vinculados al 23-F, defendiendo que “la memoria no puede estar bajo llave” y que se trata de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”.
Justo después del anuncio, el PSOE lo ha reforzado con un comunicado en X en el que insiste en que la desclasificación se aprobará el martes 24 y que se materializará con su publicación oficial.
Transparencia con contenido sensible y mucha letra pequeña
La información apunta a documentación relevante para entender cómo se investigó y se reconstruyó aquel episodio: materiales judiciales del proceso, archivos y transcripciones vinculadas a los servicios de inteligencia de la época y comunicaciones institucionales relacionadas con aquellos días.
La pregunta incómoda que ya manda en X
En cuanto el anuncio aterrizó, X empezó a leerlo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El usuario @wallstwolverine lo viralizó con la formulación que el Gobierno quiere convertir en marco: desclasificar para saldar una deuda histórica.
Ahí es donde la conversación muta. Ya no se discute si conviene conocer más del 23-F —eso, en abstracto, suena bien— sino si el timing del 24 de febrero es casualidad o cálculo. La sospecha que se repite es simple y eficaz: que sea una cortina de humo.
Reparación histórica y cortina de humo pueden convivir
El tuit de @cmgorriaran resume esa tesis de manera frontal: presenta la desclasificación como un recurso para “tapar” un problema mayor del presente, y no como un acto de higiene democrática.
En la misma línea de desconfianza —sin necesidad de decir lo mismo con las mismas palabras— también circula el mensaje de @ciudadanoalt, que se incorpora a la conversación como otra pieza más del clima: no se discute solo el 23-F, sino la sensación de que la política selecciona qué ilumina y qué deja en sombra.
Y ahí está el nudo: puede ser reparación histórica y, al mismo tiempo, una jugada para ordenar la agenda. La clave no es el anuncio del 24. La clave es lo que se publique después del 24, con qué nivel de acceso real y con qué voluntad de aguantar la luz cuando empiece el escrutinio.
Si el Estado abre los archivos del 23-F, que lo haga sin trucos. La memoria democrática no es un recurso de comunicación. Y la prueba será despiadada, porque es tangible: lo publicado, lo ausente y lo tachado.
