La semana pasada dediqué esta columna a María Jesús Montero y presenté a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de los gobiernos de Sánchez desde 2018 como una gestora irresponsable que no ha tenido ningún escrúpulo en poner una cartera con tanto peso en la asignación de los recursos y la distribución de la renta al servicio de políticas populistas con un objetivo: mantener la estrecha base electoral que ha sostenido a los gobiernos de Sánchez y asegurarse el respaldo de los avalistas que lo auparon a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018, no con intención de favorecer la estabilidad política, sino de sacar el máximo partido de su debilidad en el Congreso y obligarle a hacer una concesión tras otra para seguir gobernando un año, un mes o una semana más.
A pesar de las múltiples transferencias de competencias cedidas a sus avalistas durante todos estos años, la condonación de 17.104 millones de deuda a la Generalidad de Cataluña aprobada en marzo de 2025 para satisfacer las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la aprobación de un nuevo modelo de financiación en 2026, urdido bilateralmente con los líderes de esa misma fuerza política y rechazado por el resto de Comunidades Autónomas, la ministra de Hacienda abandonó el ejecutivo hace unos días sin cumplir con su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), desde que lo hiciera por última vez en un lejano 2022, y ha gobernado con prorrogas presupuestarias, créditos extraordinarios y ampliaciones de crédito desde 2023. Todo un récord difícil de igualar.
Bien ida y mal llegado
Pese al desaforado crecimiento de la recaudación impositiva en los últimos años, Montero se marcha con otra marca difícil de igualar. Entre 2018 y 2024, la Contabilidad Nacional de la Intervención General del Estado (IGAE) cifra el déficit público acumulado en 428.735 millones desde 2018 a 2024 y el déficit medio en 5,55 % del PIB durante esos siete años. Por su parte, el Banco de España cuantifica el aumento de la deuda pública desde el segundo trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2025 en 494.558 millones, así que podemos afirmar que Montero ha sumado 16.485,25 millones de deuda cada uno de los 30 trimestres que ha ocupado la cartera. No está nada mal tratándose de una economía que, según nos dice Sánchez, va como un cohete. Quizá se refería a la deuda.
Hace unos días el sucesor de Montero al frente de Hacienda, Arcadi España, sacaba pecho al presentar la cifra de déficit de las AA. PP. correspondientes a 2025 y afirmaba sin titubear que “hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. Uno de los diarios más afines al régimen ‘sanchista’, La Vanguardia, difundía en portada la buena nueva: “El déficit público cae al 2,2 % del PIB, el más bajo desde hace 18 años” y subrayaba que “cumple con el objetivo de la UE”. El digital diario.es tampoco se quedaba corto en los elogios y señalaba que “el dato mejora el objetivo del Gobierno por sexto año consecutivo, según destacan desde el Ministerio de Hacienda, y se coloca siete décimas por debajo del cierre de 2024”.
Conviene aclarar a este respecto que un déficit aunque sea inferior al 3 % no deja de ser un déficit que aumenta el ingente legado de deuda que nos ha dejado la ministra Montero en herencia y que los medios de comunicación que sacan brillo a la reducción del déficit en 2025 se guardaban muy mucho de denunciar el peligro que los elevados déficits entrañaban cuando las nuevas eran malas y Montero incurría en déficits, no ya excesivos, sino muy excesivos.
Gobiernos populistas = déficits + deuda
La precaria base electoral del PSOE y PSC y la consiguiente debilidad parlamentaria, obligó a Sánchez a partir de noviembre de 2019 a hacer lo que había prometido a sus votantes nunca haría: gobernar en coalición con Unidas Podemos. En una entrevista televisada, el presidente Sánchez afirmó el 19 de septiembre de 2019 que no gobernaría con Podemos porque ello supondría “tener dos gobiernos en uno” y “no dormiría tranquilo por las noches”. Incluso mucho más relevante que el efecto nocivo de esa hipotética coalición sobre su propio bienestar resultaba que el presidente reconociera que “el 95% de los ciudadanos de este país no dormirían tranquilos ni algunos votantes de Unidas Podemos si hubiera personas del círculo cercano al señor [Pablo] Iglesias sentados en el Consejo de Ministros”.
Y tenía razón el presidente porque una holgada mayoría de ciudadanos rechazábamos el gobierno de coalición entre PSOE, PSC y un grupo informe de formaciones pretendidamente antisistema (Podemos, Comunes, Compromís, Marea, Izquierda Unida, etc.) cuyos líderes izaron la bandera de la peor versión del feminismo y dejaron tras su paso por los Ministerios que ocuparon un legado de ineptitud legislativa y despilfarro de recursos públicos. En el primer gobierno de coalición, se crearon cuatro nuevos ministerios para acomodarlos sin molestar demasiado: Iglesias, su líder más conocido, ocupó la vicepresidencia de Asuntos Sociales e Irene Montero, su pareja, el Ministerio de Igualdad; a Garzón, IU, le tocó en suerte el Ministerio de Consumo y a Manuel Castells, en representación de los Comunes, la cartera de Universidades. Completaba el retrato de familia Yolanda Díaz, representante de Mareas, licenciada en Derecho y miembro del sindicato CCOO, a la que correspondió el Ministerio de Trabajo sin competencias en Seguridad Social.
Aunque los primeros gobiernos de Sánchez se financiaron con los PGE 2018 aprobados por Rajoy pocos días ante de la moción de censura, prorrogados en 2019 y 2020, el número de Ministerios pasó de 13 a 17 en 2018 y 2019 y se elevó hasta 22 para acomodar a los ministros podemitas al inicio de 2020, y la diligente ministra de Hacienda se puso manos a la obra para financiarlos generosamente. El gasto de los departamentos ministeriales pasó de 56.722 en 2018 a 59.309 en 2019 y a 61.909 durante el primer año de la pandemia con los presupuestos prorrogados, y el proyecto de PGE presentado en octubre de 2020 contemplaba un aumento desorbitado hasta 110.066 millones para 2021, si bien la cifra se reducía a 83.500 millones tras descontar las ayudas de la UE.
El aumento del gasto de los gobiernos de Sánchez fue acompañado por aumentos de los déficits de las AA. PP. que pasaron de 30.943 millones en 2018 a 38.911 millones en 2019 y a 111.897 millones en 2020. A pesar de la inyección de 26.566 millones de ayudas de la UE, el fuerte aumento de los recursos destinados a los departamentos ministeriales en 2021, 21.591 (= 83.500 – 61.909) millones, dio como resultado que el déficit público sólo cayera en 29.723 millones en 2021. En estos años, la deuda pública de las AA. PP. aumentó en 6.075 millones en los dos últimos trimestres de 2018, 14.622 millones en 2019, 122.523 millones en 2020 y 82.487 millones en 2021.
Si bien las elecciones generales de julio 2023 certificaron la salida de los principales líderes de Podemos, le llegó su hora de formar gobierno junto al PSOE y PSC a otra coalición de ultraizquierda, Sumar, encabezada ahora por Díaz la ministra de Trabajo integrada en Unidas Podemos hasta ese momento. Pese a arrogarse la representación de la mayoría de ciudadanos, lo cierto es que PSOE y PSC obtuvieron 102 y 19 diputados, respectivamente, frente a 137 el PP, y Sumar 31, pese al nombre, quedó por detrás de Vox que sumó 33 escaños.
Los gobiernos de Sánchez a partir de ese momento quedaron incluso más a merced de sus avalistas, ERC y Junts en Cataluña, con 7 diputados cada uno, y EH Bildu y PNV con 6 y 5 escaños, respectivamente en el País Vasco. Todos recordamos la vergonzosa negociación entre Cerdán, secretario de organización del PSOE, encarcelado y ahora pendiente de juicio, con el prófugo de Waterloo para investir a Sánchez cuyo corolario infame fue la ley de amnistía que hasta ese momento los líderes del PSOE al completo habían descartado aprobar por inconstitucional.
Díaz, como vicepresidenta segunda y líder visible de Sumar, mantuvo como eje de sus políticas al frente de Trabajo pactar unilateralmente con los lideres sindicales medidas como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y la reducción de la jornada laboral. Hay una comparecencia paradigmática con foto y video incluidos donde puede verse a Díaz con sus colegas, Pep de UGT y Unai de CCOO, en la firma del acuerdo para reducir la jornada laboral que resume perfectamente la actitud de esta pseudoizquierda ‘progresista’: “Trabajar menos, vivir mejor”. En total, el presupuesto de los cinco ministerios de Sumar en 2023 ascendió a 11.437 millones, una cifra nada despreciable habida cuenta que el Estado destinó 1.548 millones en los PGE 2023 al mantenimiento de las infraestructuras viarias en España.
No son pocos los ministros de Sánchez, los cinco de Sumar desde luego con Díaz a la cabeza, que creen haber encontrado la panacea para resolver todos los problemas sociales: trabajar menos para vivir mejor. En su insaciable afán estatalizador dan por sentado la superioridad de cualquier programa público, por mal diseñado que esté y dilapidador de recursos escasos que resulte, a que sean las familias y las empresas quienes decían a qué destinar los recursos que ganan con el sudor de su frente. Y, añadiría, todos estos ministros son tan irresponsables socialmente que traspasan alegremente el coste de esos programas públicos y ocurrencias, bien a los empresarios y familias que los financian con sus impuestos, bien a sumarlos a la deuda y traspasar el problema a quienes les sucedan en sus puestos.
El recurso al déficit y la consiguiente acumulación de deuda han continuado siendo el santo y seña de la política presupuestaria de la ministra Montero durante la XV Legislatura, más precaria parlamentariamente hablando si cabe que la anterior, circunstancia que ERC y Junts han sabido aprovechar para exprimir a fondo las ubres de Hacienda. Ya he comentado arriba la condonación a la Generalidad de Cataluña de 17.104 millones en marzo de 2025, traspasados a las espaldas de todos los ciudadanos aunque el gasto financiado con esa deuda benefició exclusivamente a los residentes en Cataluña. Y el nuevo modelo de financiación cocinado por la ministra Montero a medias con ERC que gobierno pretende imponer pese a haber sido rechazado por todas las Comunidades sujetas al régimen común, incluidas las gobernadas por el PSOE, salvo, claro está, Cataluña gobernada por el PSC, en la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado 11 de enero.
A pesar de las cuantiosas ayudas recibidas de Bruselas desde el segundo semestre de 2021 hasta enero de 2026, 90.748 millones, el conjunto de las AA. PP. han continuado incurriendo en abultados déficits durante esta legislatura, 50.027 millones en 2023 y 51.267 millones en 2024, a pesar del aumento de la recaudación y acumulando deuda pública para financiarlos: 71.272 millones en 2023 y 45.197 millones en 2024. El déficit promedio desde 2018 a 2024, 5,55 % del PIB superaba en 2,55 % el déficit máximo establecido por la UE.
¿Cuánto ha bajado el déficit de las AA. PP. en 2025?
Pero volvamos a Montero, España y el déficit público de 2025. Escuchar al ministro España asegurar que “la reducción del déficit ha sido compatible con el fortalecimiento del Estado de Bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones de euros para combatir la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, las catástrofes naturales como la DANA o el conflicto bélico actual en Irán” produce rubor, porque el nuevo responsable de Hacienda olvida mencionar que España ha recibido más de 92.000 millones de Bruselas desde 2021 y ha acumulado una deuda de 495.558 millones desde junio de 2018.
¿Qué clase de escudo social es éste, ministro España? Si de veras usted considera una hazaña reducir el déficit público de 3,22 % del PIB en 2024 a 2,39 % en 2025, 10.937 millones según la IGAE, a pesar de que las ayudas a los damnificados por la Dana de Valencia se redujo en 2.126 millones en 2025, la recaudación impositiva aumentó en 49.720 millones, según mis cálculos a partir del desglose impositivo proporcionado por la IGAE, y se sumaron 77.651 millones a la deuda pública, casi el doble del déficit público, 40.330 millones, tengo que decirle que usted representa un peligro no menor que su antecesora la vicepresidenta Montero que con tanta frivolidad ejerció la cartera desde junio de 2018 hasta su despedida en marzo de 2026. Bien ida y mal llegado.
