Uno de los principales problemas de los barceloneses es el acceso a la vivienda. Las administraciones públicas suspenden a la hora de dar soluciones a un problema que no deja de agravarse con el paso del tiempo.
A menudo, cuando quienes gobiernan no tienen soluciones, buscan culpables externos. El gobierno de Pedro Sánchez, incapaz incluso de presentar unos presupuestos, responsabiliza al sector privado de la crisis de la vivienda. Esta actitud se traduce, en ocasiones, en auténticos “shows”, como el protagonizado recientemente por sus socios, que amenazaban con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluía el decreto de vivienda. Un espectáculo propio de quienes no saben gestionar y que, tras derrotas electorales, buscan recuperar apoyos a cualquier precio.
Sin embargo, sí es posible impulsar desde las administraciones públicas políticas de vivienda útiles para el conjunto de la ciudadanía. Y es importante subrayar lo de “útiles”, porque la reserva del 30 % de vivienda protegida impuesta por socialistas y comunes en Barcelona ha resultado ser un auténtico fracaso. Aprobada en 2018, apenas ha permitido la construcción de 34 viviendas de protección oficial en la ciudad.
La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona también propone no solo crítica y así debe ser. En política, la crítica debería ir siempre acompañada de propuestas, y no quedarse en el estéril “y tú más” que nada soluciona.
Así lo demostró en el último pleno municipal de marzo el Partido Popular, que presentó un ruego para impulsar la construcción de hasta 15.300 nuevas viviendas en el ámbito del 22@, una zona con gran potencial en la ciudad. El objetivo es claro: aumentar la oferta y
hacer frente a la crisis habitacional.
Este proyecto podría llevarse a cabo recuperando el planteamiento inicial del plan urbanístico, ampliando los ámbitos de actuación de los 25 actuales hasta los 60 previstos originalmente por el Ayuntamiento en el año 2000, cuando se inició el proyecto del 22@. Además, esta estrategia no se limita a esta zona, sino que podría extenderse a áreas con alto potencial como la Zona Franca o La Sagrera.
Para hacerlo posible, el gobierno municipal debería impulsar una nueva modificación del planeamiento urbanístico (MPGM) de cara a 2027, que contemple inicialmente la construcción de 5.280 nuevas viviendas en el 22@. Esta cifra podría alcanzar las 8.580 sumando las previsiones actuales y escalar hasta las 15.300 con una ampliación del planeamiento.
El gobierno municipal, que presume de progresista, se comprometió a reflexionar sobre cómo incrementar el parque de vivienda, pero no ha tenido la valentía de adoptar estas medidas. Hay margen para hacer mucho más. Por ejemplo, se podría cambiar la catalogación de locales y equipamientos municipales para destinarlos a vivienda, especialmente vivienda social.
Asimismo, resulta imprescindible dejar de culpabilizar a un sector privado que cada vez sufre más la inseguridad jurídica. Los propietarios no son el problema, sino parte de la solución. Y, en este contexto, no se puede obviar el fenómeno de la okupación ilegal. En Barcelona existen actualmente 38 inmuebles municipales okupados ilegalmente que, con la complicidad del PSC, continúan generando problemas cuando podrían destinarse a vivienda social.
El “sí se puede” de los socios preferentes del Partido Socialista ha terminado evidenciando sus limitaciones. Por ello, el PSC, de la mano de Jaume Collboni, debería dedicar menos esfuerzos a proyectar en Europa una imagen de soluciones que no se materializan y centrarse en impulsar políticas de vivienda eficaces que respondan a las necesidades reales del conjunto de los barceloneses.
