El futuro de los pisos turísticos en Barcelona se decide en un complejo escenario europeo que conecta Luxemburgo, Bruselas y la capital catalana. Un reciente dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiona hasta qué punto las administraciones pueden restringir esta actividad, poniendo en duda el plan municipal de eliminar cerca de 10.000 licencias a partir de 2028. Aunque no es vinculante, este tipo de pronunciamientos suele influir en la sentencia final.
La normativa europea
El debate gira en torno a la Directiva europea de Servicios, que fija los límites a la intervención pública en actividades económicas. El dictamen admite restricciones por interés general, como el acceso a la vivienda, pero exige que cumplan un “test de proporcionalidad”: deben basarse en datos, ser adecuadas al objetivo y no existir alternativas menos restrictivas.
El caso catalán, bajo presión
El criterio europeo cuestiona el decreto-ley 3/2023 aprobado por la Generalitat bajo el mandato de Pere Aragonès, que exige una licencia urbanística previa para viviendas turísticas en 262 municipios con alta presión turística o problemas de acceso a la vivienda.
La norma ha sido criticada por carecer de evidencia empírica que vincule directamente los pisos turísticos con el encarecimiento de la vivienda, además de no considerar otros factores estructurales como la escasez de oferta o las viviendas vacías, y aplicar una regulación uniforme a municipios con realidades muy diferentes.
Barcelona, el epicentro del conflicto
La situación alcanza su punto más crítico en Barcelona, donde el plan del alcalde Jaume Collboni plantea no renovar las licencias de viviendas turísticas, lo que implicaría la desaparición de unas 10.000 en la ciudad. Además, el nuevo marco normativo fija una caducidad de cinco años para estas licencias, tras la cual los propietarios deberán cesar la actividad si no obtienen una nueva autorización vinculada al planeamiento municipal.
Por otro lado, el decreto sostiene que este periodo de adaptación actúa como una compensación económica para los propietarios. Sin embargo, desde el ámbito jurídico se cuestiona esta interpretación, al considerar que podría constituir una “expropiación encubierta de derechos”.
Dudas sobre la proporcionalidad
A la luz del dictamen europeo, el modelo de “licencia cero” plantea dos problemas principales. Por un lado, podría vulnerar la exigencia de criterios objetivos en los sistemas de autorización. Por otro, genera dudas sobre su proporcionalidad, ya que eliminar el 100% de las licencias requeriría demostrar que no existe ninguna alternativa menos restrictiva.
Este requisito resulta especialmente exigente en una ciudad como Barcelona, donde ya existen herramientas como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que regula la actividad según zonas.
La batalla judicial se traslada a Europa
Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado el decreto catalán, el conflicto sigue abierto y se espera que aumente la tensión a medida que se acerque 2028, con una posible avalancha de litigios en los tribunales españoles que podrían acabar en instancias europeas.
El sector de las viviendas turísticas ya prepara estrategias para llevar el caso ante el TJUE mediante cuestiones prejudiciales, apoyándose en precedentes como el caso Smartflats, y también estudia presentar denuncias ante la Comisión Europea por una posible vulneración de la normativa comunitaria. Paralelamente, los propietarios han interpuesto reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat por valor de 4.250 millones de euros, en su mayoría rechazadas, lo que ha intensificado la judicialización del conflicto.
El desenlace dependerá del TJUE: si confirma el criterio del abogado general, las administraciones tendrán un margen más limitado, ya que la crisis de la vivienda no bastaría por sí sola para justificar restricciones generales sin base empírica ni la eliminación total de una actividad económica.
