La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo definitivo de la causa penal abierta por las muertes en la residencia Fiella de Tremp durante la pandemia de covid-19. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por algunas familias de las víctimas. La resolución, dictada el 8 de junio, ratifica así el sobreseimiento ya acordado en abril de 2025 por el Juzgado de Instrucción de Tremp, que había decidido el cierre del procedimiento.
Fin del procedimiento penal
Con esta decisión, queda cerrada de forma definitiva la causa penal contra la exdirectora del centro, la responsable higiénico-sanitaria y tres miembros del patronato de la Fundació Sant Hospital de Tremp. A todos ellos se les investigaba por presuntos delitos de homicidio imprudente y un posible delito contra los derechos de los trabajadores en relación con la gestión del brote de covid-19 en la residencia.
La investigación de la Fiscalía
La causa se abrió a partir de las actuaciones de la Fiscalía de Lleida, que señalaba posibles deficiencias graves en la gestión de la residencia durante la pandemia. Entre los aspectos investigados se incluían la falta de coordinación del personal, irregularidades en los registros sanitarios y deficiencias en la atención a los residentes, además de problemas en la comunicación con las familias y en la gestión de los fallecimientos durante el brote.
Testimonios de familiares
Durante el proceso judicial, varios familiares de residentes fallecidos denunciaron la situación vivida en el centro. Uno de ellos, Evaristo Saura, describió ante el juez un “descontrol total” y calificó la residencia como una “casa de los horrores”. Según su testimonio, algunos familiares llegaron incluso a entrar en el centro para recuperar los cuerpos de sus seres queridos ante la falta de respuesta en aquellos momentos críticos.
Un brote de gran impacto
El brote de covid-19 en la residencia Fiella provocó la muerte de 64 de los 142 residentes, lo que supone casi el 43% del total, convirtiéndose en uno de los episodios más graves registrados en centros geriátricos de Cataluña durante la pandemia. Con el archivo confirmado, el procedimiento penal queda definitivamente cerrado tras cuatro años de investigación judicial.
