La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe que la presunta trama del caso Leire habría utilizado su acceso a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para influir en el rescate de la siderúrgica vasca Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
El informe apunta a contactos y reuniones entre los principales investigados, entre ellos Leire Díez Castro, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, y dirigentes del PNV, como su entonces presidente Andoni Ortuzar y el exsenador Joseba Aurrekoetxea, en el marco de las gestiones relacionadas con el rescate.
Contactos y reuniones
El informe señala la existencia de decenas de mensajes entre los investigados, que se identificaban como “Hirurok” (“nosotros tres” en euskera), en los que se detallaban contactos y gestiones con representantes del PNV para favorecer el rescate de la empresa Tubos Reunidos.
Además, la UCO apunta a la celebración de reuniones presuntamente en secreto con dirigentes nacionalistas y responsables de la compañía, entre ellas un encuentro el 28 de enero de 2025 en el que habría participado el consejero delegado de la empresa, Carlos López de las Heras, actualmente investigado.
Presuntas comisiones
Según la UCO, la presunta trama habría obtenido al menos 247.459 euros en comisiones a cambio de sus gestiones, parte de ellas canalizadas a través de una sociedad instrumental y otra pagada directamente a uno de los implicados.
El informe sitúa estos pagos en el contexto del rescate aprobado en 2021, cuando la empresa Tubos Reunidos accedió a fondos públicos del FASEE destinados a compañías estratégicas afectadas por la pandemia.
Nuevas gestiones
La investigación señala que en 2024 y 2025 la presunta trama habría intervenido de nuevo para facilitar que Tubos Reunidos obtuviera liquidez tras la venta de activos y un aplazamiento en la devolución de los fondos públicos recibidos.
Según el informe, estas gestiones se habrían realizado a través de contactos en distintos niveles de la administración, incluidos responsables vinculados a la SEPI y a estructuras del Gobierno central, además de intermediaciones políticas relacionadas con el caso.
Contexto de la investigación
La investigación se enmarca en un caso más amplio sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y rescates públicos en los últimos años, en el que también se citan a antiguos cargos públicos y empresarios relacionados con distintas administraciones. Por ahora, todas las actuaciones recogidas por la UCO forman parte de una investigación en curso y no cuentan con resolución judicial definitiva.
