Una parte significativa de los ciudadanos con derecho a voto no se molestan siquiera en ir a las urnas. En España, 12.516.011 de potenciales votantes optaron por abstenerse en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 (23-J), 33,40 % del censo, y una cifra nada despreciable de ellos, 465.033, votó en blanco o su voto fue nulo. Quiere esto decir que más de 1 de cada 3 personas incluidas en el censo electoral considera bastante irrelevante cuáles sean las fuerzas políticas que están al frente del Gobierno, convencidos tal vez de que sus vidas no van a verse afectada de forma significativa por la orientación de las políticas sociales, fiscales, económicas, culturales, etc. desplegadas por quienes resultan elegidos y forman gobierno. Quizá estén equivocados, aunque de ser así no parece preocuparles lo suficiente como para tomarse la molestia de acercarse a depositar su voto. Viven, por así decirlo, al margen de las urnas.
Tres rasgos llamativos
No se trata de un fenómeno meramente coyuntural ni peculiar de España sino más bien de una tendencia observable en mayor o menor grado en la mayoría de los países con sistemas democráticos donde una fracción sustancial de los ciudadanos parecen no sentirse interpelados por la llamada a las urnas. Con toda la cautela que merecen los resultados de encuestas electorales, resulta llamativo en el caso de España que las cifras estimadas de participación en las próximas elecciones generales sean incluso inferiores a la observada el 23-J. Ni la rampante corrupción institucional que ha sacudido los cimientos del Gobierno y del principal partido que lo sustenta, el PSOE de Sánchez, parecen haber animado a la masa de abstencionistas a participar en el proceso electoral.
Un segundo resultado de las encuestas que llama poderosamente la atención es la resistencia que presenta el grupo socialista, formado por el PSOE de Sánchez y el PSC de Illa, que sustenta al Gobierno. Cuando el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno engaña reiteradamente a quienes le votaron y depositaron su confianza en él, cuando pacta sus políticas en el Congreso con los herederos de la banda terrorista ETA (EH Bildu) que tanto sufrimiento causaron a la sociedad española, cuando amnistía a los líderes golpistas de Junts y ERC para comprar su investidura, condona parte de la deuda de las Comunidades Autónomas y reforma el sistema de financiación autonómica con el objetivo de favorecer a la Generalidad de Cataluña, y cuando, en fin, acaba la Legislatura con más imputados que diputados, uno esperaría que quienes votaron a Sánchez se avergonzaran y buscaran una salida algo más honrosa. Pues bien, no parece ser el caso. En las elecciones celebradas el 23-J, PSOE y PSC obtuvieron 102 y 19 escaños, respectivamente, y la coalición Sumar 31. Las encuestas realizadas en 2026 dan al PSOE+PSC entre 99 y 111 escaños y a Sumar entre 7 y 11. Llama la atención que Sumar esté pagando gran parte de la factura a pesar de que todas las tramas de corrupción han afectado exclusivamente al PSOE de Sánchez y sus ministros.
La tercera cuestión sobre la que las encuestas invitan a reflexionar es la dificultad que está encontrando el PP para rentabilizar la descomposición del Gobierno y del PSOE y ampliar la distancia con los socialistas. Y es que en este lado del espectro político es Vox, el hermano menor, al que las encuestas auguran los mayores avances. El PP obtuvo 137 escaños el 23-J y la mayoría de las encuestas otorgan al PP entre 125 y 148 escaños, en tanto que Vox podría pasar de los 31 diputados en las últimas elecciones a obtener entre 58 y 68. En pocas palabras, las encuestas apuntan a que el PP mejorará ligeramente su representación, en torno a 10 escaños en el caso más favorable, y Vox podría duplicar su representación en el Congreso y exigir, como ya ha hecho en algunas Comunidades, formar parte del gobierno y hasta contar con una vicepresidencia.
Perspectivas electorales dispares para los indignados
Los resultados de las encuestas apuntan a que los engaños reiterados y las tramas de corrupción afloradas en los últimos años están pasando factura y erosionando el respaldo electoral al PSOE de Sánchez, pero quienes están pagando un precio más alto son sus socios de extrema izquierda, Unidas Podemos y Sumar, con los que ha formado gobiernos de coalición desde 2020 y se enfrentan a la posibilidad de convertirse en organizaciones marginales sin apenas relevancia. De hecho, el PSOE parece estar contrarrestando las deserciones de los votantes desencantados de centro-izquierda sumando una parte de los votantes de sus socios de extrema izquierda, decepcionados al comprobar el desconcierto de sus líderes y los malos resultados cosechados en las elecciones autonómicas. Haberse tragado todos los sapos de la corrupción del PSOE de Sánchez parece haber hecho mella en el eslabón más débil de la coalición gubernamental.
En la derecha del espectro político, se ha producido también una revuelta de indignados abanderada por Vox y dirigida contra el PP a cuyo líder conminan una y otra vez a presentar una moción de censura condenada, como la esperpéntica moción presentada por Vox en marzo de 2023, al fracaso. La formación de Abascal atravesó un momento dulce cuando obtuvo 52 diputados en las elecciones generales el 11 de noviembre de 2019, a costa de un PP convulso y desfondado tras la exitosa moción de censura contra el presidente Rajoy, y aunque sufrió un tropezón notable en las elecciones del 23-J, las encuestas más recientes le otorgan una representación que podría incluso superar la marca lograda en 2019. La estrategia de Sánchez de levantar muros y confrontar izquierda contra derecha, progresistas contra la fachosfera ha dado alas a Vox, un partido que lleva más de una década haciendo política de salón sin afrontar el desgaste de gobernar.
¡Qué viene Vox!
De momento la estrategia del N.º 1 le ha dado buenos resultados porque continúan siendo muchos los ciudadanos a quienes parece asustarles más un gobierno de coalición entre PP y Vox con mayoría en el Congreso que un gobierno de coalición entre PSOE-PSC y Sumar en minoría, débil y entregado a sus avalistas: ERC, EH Bildu, PNV y el partido del prófugo de Waterloo. La primera opción produce un lógico rechazo de entrada porque el voxismo encarna la otra cara del sanchismo: ambas formaciones exhalan animadversión contra los adversarios políticos, especialmente contra el PP, y ambas propugnan levantar muros para dividir y enfrentar a los españoles en bandos irreconciliables. Y aunque la perspectiva de un gobierno de coalición entre PP y Vox ni me seduce ni me convence, reconozco que, si las encuestas electorales captan fielmente la abstención e intención de voto de los españoles, la coalición entre PP y Vox constituye la única alternativa viable para desalojar a Sánchez de Moncloa.
Sánchez se ha aferrado con uñas y dientes a la presidencia del Gobierno en un intento desesperado para no acabar haciendo compañía a Ábalos y Cerdán en Soto del Real. Mientras sea presidente, la mayoría de compañeros y compañeras se mantendrán fieles y seguirán aplaudiéndole, podrá influir en algunas decisiones claves de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, regará con dinero público los medios de comunicación afines, comprará con traspasos de competencias y miles de millones los síes de sus avalistas en el Congreso, y hasta intentará hacerse con los votos de nietos de españoles que no han pisado nunca España. Pero el cerco judicial se ha ido estrechando y Sánchez se debate entre dos opciones igualmente sombrías para su futuro personal y político: convocar ya elecciones que probablemente perdería o aguantar algunos meses en Moncloa arriesgándose a que el cerco judicial que lo acorrala se estreche más todavía. Como ciudadano, no me preocupa su futuro sino cuántos disparates puede cometer aún mientras siga siendo presidente. Muchos más desde luego de los que podría cometer un gobierno de coalición entre PP y Vox.
