El Parlament de Cataluña ha aplazado el debate final de la ley que busca limitar los derechos de los compradores de viviendas en zonas tensionadas después de que Junts y el PPC hayan solicitado un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Las dos formaciones han pedido al órgano consultivo que evalúe si la iniciativa cumple la normativa vigente, lo que ha obligado a retrasar la votación prevista en el pleno parlamentario.
Una ley contra la propiedad que no solventa el problema de la vivienda
La iniciativa, impulsada por los Comuns, propone modificar la Ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan restringir ciertas compraventas de viviendas en zonas con elevada presión inmobiliaria.
La norma establece que estos inmuebles solo puedan destinarse a residencia habitual, al uso de familiares o al alquiler habitual, e incluye nuevas sanciones para quienes incumplan las limitaciones o intenten esquivarlas mediante operaciones ficticias.
Dudas sobre la propiedad privada
Junts y el PPC consideran que la reforma puede afectar al derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución española.
Junts alerta de que las restricciones limitan las facultades de los propietarios y pueden generar inseguridad jurídica, mientras que el PPC cuestiona que estas medidas formen parte de la función social de la propiedad y critica las obligaciones previstas para propietarios y empresas inmobiliarias.
Críticas a la seguridad jurídica
Junts y el PPC también han mostrado preocupación por el posible impacto de la norma en la libertad de empresa y la circulación de bienes y servicios.
Junts considera que las restricciones a las compraventas pueden limitar libertades ciudadanas, mientras que el PPC advierte de posibles efectos negativos para las empresas inmobiliarias, especialmente las dedicadas a la gestión y adquisición de edificios residenciales.
Choque por las competencias
Junts y el PPC también cuestionan las competencias de la Generalitat para aprobar esta regulación. Ambos partidos sostienen que, aunque la reforma se presenta como una modificación urbanística, afecta a cuestiones relacionadas con los contratos y el derecho civil, ámbitos que consideran fuera de las competencias autonómicas.
ERC carga contra Junts
La decisión de Junts de pedir un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries también ha generado críticas desde ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha cuestionado la posición del partido y ha recordado que Junts votó junto al PP y Vox en contra de una prórroga de alquileres que, según sus palabras, beneficiaba a unos 500.000 catalanes.
Rufián ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de mantener una postura contraria a las medidas de protección de los inquilinos, en un contexto marcado por el debate sobre el acceso a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario.
La norma queda en espera
La proposición de ley queda ahora a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Hasta que el organismo no se pronuncie, el Parlament no podrá reanudar el debate final ni avanzar en la aprobación de la norma.
