El Govern ha decidido ampliar el número de municipios catalanes considerados de mercado residencial tensionado. La Generalitat ha prorrogado durante un año la declaración vigente para 118 municipios, ha excluido a otros 22 que han mejorado sus indicadores de acceso a la vivienda y ha iniciado una nueva declaración para incorporar 53 localidades más.
Con este cambio, el número total de municipios afectados por la regulación del precio del alquiler pasará de 271 a 302, aunque la población que reside en estas zonas se reducirá de siete millones de personas a unos 6,1 millones, según los datos facilitados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
Modificaciones en el listado
Entre los municipios que dejan de ser considerados mercado residencial tensionado figuran ciudades como Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès, Tortosa o Figueres, además de otras localidades que, según la Generalitat, ya no cumplen los requisitos establecidos por la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.
Al mismo tiempo, el Govern incorpora 53 nuevos municipios que hace tres años no reunían las condiciones necesarias, pero que ahora sí presentan indicadores de tensión en el mercado de compraventa o alquiler.
Ley de Vivienda estatal
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que estos datos demuestran que el límite a los precios del alquiler «funciona» para contener el incremento de las rentas y mejorar la asequibilidad de la vivienda. Paneque ha asegurado que la contención de precios debe complementarse con la construcción de vivienda pública y con ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil.
La nueva declaración iniciará ahora el periodo de información pública y alegaciones. Una vez resueltas, deberá ser aprobada definitivamente por la Generalitat y remitida al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para su publicación en el BOE antes de entrar en vigor.
La declaración de mercado residencial tensionado permite aplicar las limitaciones previstas en la Ley estatal de Vivienda. Entre ellas, que los nuevos contratos no puedan superar el precio del último alquiler actualizado y, en el caso de los grandes tenedores, que las rentas queden limitadas por el índice oficial de referencia.
