La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) considera que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a un colegio catalán a impartir al menos un 25% de enseñanza en castellano a una alumna, confirma una realidad que, a su juicio, «ya no admite excusas»: la Generalitat sigue vulnerando de forma sistemática los derechos lingüísticos de las familias.
En un comunicado, la entidad recuerda que la Sentencia 757/2026, dictada el pasado 24 de julio, reconoce el derecho de una alumna a recibir enseñanza efectiva y equilibrada en castellano, lo que implica cursar, además de la asignatura de Lengua Castellana, otra materia troncal o equivalente en español.
Para la AEB, la resolución no supone una novedad jurídica, sino que vuelve a aplicar una doctrina consolidada por el propio TSJC, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lo verdaderamente relevante, sostiene, es que la Administración catalana siga obligando a las familias a recurrir a los tribunales para obtener el reconocimiento de unos derechos que los jueces vienen avalando desde hace años.
«No existe ninguna duda jurídica»
La asociación asegura que el marco legal es «inequívoco» y recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado en distintas sentencias que tanto el catalán como el castellano deben utilizarse como lenguas docentes y que la protección del catalán no puede traducirse en la exclusión del español.
Asimismo, destaca que el Tribunal Supremo ha establecido que una lengua solo puede considerarse verdaderamente vehicular cuando también se utiliza para impartir otras materias distintas de la asignatura destinada a aprenderla. A ello suma la reciente sentencia que obliga a incluir el castellano en la rotulación de los centros educativos públicos.
La AEB subraya además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reforzó esta doctrina el pasado mes de mayo al recordar que Cataluña es una comunidad bilingüe y que la protección del catalán no puede justificar la exclusión del castellano como lengua de enseñanza.
A la vista de toda esta jurisprudencia, la entidad sostiene que «no existe ninguna duda jurídica razonable» sobre la obligación de que ambas lenguas oficiales tengan presencia como lenguas vehiculares en el sistema educativo.
Acusa a la Generalitat de mantener una estrategia deliberada
La asociación denuncia que la Generalitat continúa rechazando las solicitudes de enseñanza bilingüe pese a conocer perfectamente la doctrina de los tribunales. Recuerda que, en el caso resuelto por el TSJC, la petición de la familia ni siquiera fue respondida expresamente y acabó siendo desestimada por silencio administrativo antes de llegar a los juzgados.
A juicio de la AEB, esta actuación convierte el acceso a la Justicia en un requisito imprescindible para disfrutar de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y evidencia una estrategia destinada a reducir el número de beneficiarios obligando a cada familia a litigar de forma individual.
La entidad considera especialmente llamativo que el TSJC siga sin imponer las costas procesales a la Generalitat alegando la existencia de «serias dudas de Derecho», pese a la abundante jurisprudencia existente sobre esta materia.
Pide una respuesta política para acabar con la «anomalía»
La Asamblea por una Escuela Bilingüe sostiene que la defensa de los derechos lingüísticos no puede seguir dependiendo exclusivamente de demandas individuales y reclama una respuesta política e institucional que garantice el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales. En este sentido, recuerda que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya advirtió de los problemas derivados del incumplimiento de las sentencias sobre el uso del castellano en Cataluña.
Por ello, insta a las instituciones del Estado, a las fuerzas políticas y a la sociedad civil a impulsar mecanismos que impidan nuevas vulneraciones de derechos y garanticen un modelo educativo verdaderamente bilingüe conforme a la Constitución.
«La reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituye una nueva advertencia. Ya no faltan sentencias ni doctrina constitucional. Lo que falta es voluntad política para aplicar el Derecho«, concluye la asociación.
