Los vecinos afectados por el socavón de las obras de la L9 en Sant Gervasi-la Bonanova, junto a la estación de FGC de El Putxet, presentarán esta semana una demanda colectiva contra la Generalitat para reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados. La acción será impulsada por la plataforma que agrupa a la mayoría de los afectados.
La abogada de la plataforma, Carmen Pérez Pozo-Toledano, ha explicado a 3Cat que la reclamación incluirá daños materiales, económicos y morales derivados del incidente, ocurrido hace unos dos meses durante las obras de excavación del túnel central de la L9/L10.
Culpa por la vigilancia
La demanda se basará en el principio de culpa in vigilando, que responsabiliza a quien encarga las obras de supervisar que se ejecuten correctamente. La abogada considera que los daños son «irreparables» y señala que, más allá de la compensación económica, ninguna indemnización podrá devolver a los vecinos la tranquilidad perdida tras los desalojos y la incertidumbre generada.
Tres tipos de daños
La demanda incluirá tres tipos de daños: materiales, personales y económicos. Los vecinos reclamarán por desperfectos en viviendas y edificios, posibles afectaciones físicas y psicológicas, así como pérdidas de ingresos de los comercios y una eventual pérdida de valor de los inmuebles.
La reclamación se dirigirá contra la Generalitat, como promotora de las obras. Posteriormente, el Govern podría reclamar las cantidades correspondientes a las empresas de la UTE encargada de ejecutar los trabajos.
18 familias, fuera de casa
Las consecuencias del socavón continúan afectando a la zona. 18 familias de tres fincas y siete locales comerciales siguen sin poder regresar a sus inmuebles, según la última actualización de la Generalitat, del pasado 28 de agosto.
El Govern prevé que los vecinos no puedan volver a sus viviendas hasta principios de 2027, debido a los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los edificios y del terreno.
La tuneladora sigue parada
Los trabajos para consolidar el terreno y retirar la tuneladora, que continúa parada bajo los edificios afectados, son la causa del retraso. Su posterior puesta en marcha también retrasará varios meses la finalización del túnel de la L9.
Las fincas que todavía permanecen afectadas son las situadas en los números 2 y 4 de la calle Rubinstein y el número 3 de Teodora Lamadrid.
