La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de Acció Cassandra contra el rechazo de su querella por el caso DGAIA y ha ordenado investigar los hechos, al considerar que podrían constituir delito y que existen indicios que respaldan las acusaciones.
El caso vuelve ahora al juzgado instructor, que deberá decidir si admite la querella a trámite y qué diligencias de investigación procede realizar.
La querella
Acció Cassandra presentó en abril una querella contra cuatro exconsellers de Derechos Sociales, varios altos cargos, entidades prestadoras de servicios y ERC. La asociación les acusa de presunta malversación de fondos públicos, falsedad documental, encubrimiento, acoso laboral y financiación ilegal.
El juzgado rechazó inicialmente la querella al considerar que no había indicios suficientes de delito ni una participación concreta de cada uno de los cargos señalados.
Indicios de delito
La Audiencia de Barcelona considera que el juez instructor debe valorar por sí mismo si los hechos pueden constituir delito, sin limitarse a informes de organismos no judiciales.
El tribunal destaca la denuncia anónima de un trabajador, que habría aportado grabaciones sobre una presunta falsificación de documentos y malversación de fondos públicos. También cita informes de la Sindicatura de Cuentas, expedientes con posibles irregularidades y la investigación abierta por la Oficina Antifraude de Catalunya.
167 millones de euros
La Audiencia señala también 167 millones de euros en pagos indebidos de prestaciones sociales entre 2016 y 2020, de los que 4,7 millones corresponderían a jóvenes extutelados.
El tribunal considera que los hechos denunciados podrían constituir una infracción penal y que existen indicios suficientes para investigarlos, por lo que revoca el rechazo inicial de la querella.
El caso sigue abierto
El presidente y abogado de Acció Cassandra, Lluís Gibert, ha celebrado la resolución y ha destacado que la Audiencia considera que existen indicios que deben ser investigados.
La asociación sostiene que el procedimiento permitirá esclarecer posibles casos de malversación, falsedad documental, pagos indebidos, plazas fantasma y acoso laboral. Ahora, el juzgado instructor deberá decidir si admite la querella y qué diligencias de investigación lleva a cabo.
