La UCO registra la casa de Ábalos y la sede de Adif en una nueva operación del caso Koldo con seis detenidos

La Guardia Civil arresta a la pareja del exministro y a Cristian Corvillo, vinculado a Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, en una investigación sobre presuntas comisiones en contratos de obra pública

José Luis Ábalos
José Luis Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una nueva operación contra la presunta trama de corrupción vinculada al caso Koldo, que se ha saldado con seis detenidos y registros en diferentes puntos de España, entre ellos el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. Los agentes también se han desplazado a la sede de Adif para recabar documentación relacionada con las adjudicaciones de obra pública investigadas.

La actuación se enmarca en una nueva pieza separada, declarada secreta, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es esclarecer posibles pagos de comisiones a terceros relacionados con contratos públicos adjudicados durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

Detenida la pareja de Ábalos y el antiguo chófer de Sánchez

Entre los seis arrestados figura Andrea de la Torre, actual pareja de José Luis Ábalos, que se encontraba en el domicilio del exministro cuando los agentes iniciaron el registro. De la Torre fue detenida e interrogada en presencia de su abogado, mientras Ábalos permanece en prisión tras su condena por la trama de las mascarillas.

Otro de los detenidos es Cristian Corvillo, empresario vinculado al entorno socialista y señalado como uno de los conductores que acompañaron a Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en las que se impuso a Susana Díaz.

Corvillo ya había declarado el pasado 3 de septiembre como testigo ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso de los hidrocarburos. Durante su comparecencia reconoció haber mantenido reuniones con Ábalos por asuntos relacionados con el PSOE y admitió que tanto él como su hermano Rubén habían tenido vínculos empresariales con Víctor de Aldama, aunque sostuvo que aquellas operaciones no llegaron a materializarse.

Los investigadores tratan ahora de determinar su posible participación en las operaciones económicas relacionadas con las adjudicaciones públicas bajo sospecha.

Registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla

El dispositivo de la Guardia Civil se ha extendido a diferentes puntos de la geografía española, con actuaciones en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

Entre las diligencias practicadas figura la solicitud de documentación a Adif, el administrador público de las infraestructuras ferroviarias, cuyo papel en determinadas adjudicaciones está siendo examinado por los investigadores.

Fuentes de Adif han asegurado que el organismo ya ha entregado toda la información solicitada por los agentes y que ha prestado su total colaboración con la investigación.

La nueva operación se produce después de que el juez Ismael Moreno acordara este miércoles abrir otra pieza separada a partir de un informe elaborado por la UCO, cuyo contenido permanece bajo secreto.

Nuevas ramificaciones del caso Koldo

La investigación judicial sobre el caso Koldo comenzó con las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, pero se ha extendido posteriormente a adjudicaciones de obra pública y movimientos económicos vinculados al PSOE.

En la causa relativa a los contratos sanitarios, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Este último evitó ingresar en prisión por su colaboración con la Justicia, bajo las condiciones establecidas por el tribunal.

Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre posibles contratos públicos amañados y sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 para el reembolso de gastos.

La operación de este jueves supone un nuevo episodio judicial en las investigaciones sobre las presuntas comisiones ilegales relacionadas con el Ministerio de Transportes y amplía el número de personas investigadas en el entorno de la trama.

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