La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciado este lunes la anulación contrato de seguimiento y rastreo de casos de COVID-19 con Ferroser el próximo 31 de enero. Dicho contrato fue muy polémico por haber sido suscrito con una filial de Ferrovial, empresa salpicada por la corrupción del Caso Palau, y por que se realizó sin mediar un concurso público durante el estado de alarma.
En una rueda de prensa telemática, Vergés ha explicado que el Govern asumirá esas tareas con la puesta en marcha el sexto programa de salud pública desde el inicio de la pandemia, que comportará la contratación de entre 450 y 700 personas y una inversión de 19 millones de euros.
La nueva gestión, a cargo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, permitirá, según Vergés, «ampliar las tareas de las personas dedicadas a la gestión de los contactos«: si hasta ahora los gestores realizaban llamadas desde un ‘call center’, con el nuevo programa, además, agendarán pruebas diagnósticas de los contactos estrechos, harán un cribado de salud emocional para derivar a los psicólogos del 061 o identificarán necesidades sociales.
Contrato «necesario»
La extinción sobrevenida del contrato estaba prevista, según ha explicado el secretario general de Salud, Marc Ramentol, en una cláusula del mismo, activable cuando empezara la campaña de vacunaciones por el COVID-19, y no contempla ninguna indemnización para la empresa. No obstante, Ramentol ha defendido que el contrato con Ferrovial «ha sido necesario hasta ahora», ya que el Govern, según ha explicado, debía incorporar de forma urgente un sistema de rastreo de los contactos estrechos en el tramo final de la desescalada.
El secretario también ha elogiado el trabajo realizado, ya que durante su vigencia, ha detallado, se han producido casi un millón y medio de llamadas telefónicas.
Ramentol ha detallado que, si bien el inicio de las vacunaciones no provoca efectos inmediatos en la evolución de la pandemia, sí es un momento importante y por eso se plasmó en el contrato: «El nivel de adquisición de la inmunidad será progresivo, pero desde un punto de vista epidemiológico, el inicio de las vacunaciones es un elemento disruptivo de la pandemia«, ha dicho. Vergés también ha defendido que la anulación del contrato «responde a la voluntad» del Parlament de Cataluña, que votó a favor de la misma en junio.
