De nuevo, la Justicia le asesta otro golpe a Quim Torra. En una sentencia de ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) confirma que el expresident no tenía derecho a colocar en la fachada del Palau de la Generalitat en mayor de 2019 una pancarta que reclamaba «llibertat presos polítics i exiliats» al lado de un lazo amarillo. El TSJC confirma así la retirada acordada cautelarmente en septiembre de 2019 a instancias de un recurso interpuesto por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), a la que ahora da la razón. Dado que Torra no atendió el requirimiento de la Sala, actualmente se encuentra enjuiciado por desobediencia.
Según la sentencia, las instituciones públicas carecen de libertada de expresión y es contrario al principio de neutralidad política colocar este tipo de símbolos en los edificios públicos. Asimismo, los magistrados declaran que los ciudadanos que no compartan la opción ideológica representada por la pancarta que Torra colocó en un edificio público tan emblemático como la Generalitat pueden considerarse legítimamente afectados.
IC seguirá acudiendo a los tribunales
IC ha celebrado la sentencia, recordando que «ni los empleados ni el patrimonio público pueden estar al servicio de políticos que se creen con derecho a utilizar los edificios oficiales como escaparate de doctrinas que, además, enfrentan a los ciudadanos y ponen en peligro la convivencia». En este sentido, la entidad anuncia que pondrá en marcha en breve una campaña destinada a limpiar de propaganda partidista los edificios públicos mediante la interposición de acciones ante los Tribunales.
