Nuevo varapalo para la imagen del expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia Carles Puigdemont. Después de que su papel en la política catalana haya quedado diluido tras los indultos al resto de políticos que participaron en el golpe separatista de 2017 y la reanudación de la mesa de negociación con el Ejecutivo de Sánchez —en la que no tendrá ningún papel—, ahora la justicia acorrala a su abogado, Gonzalo Boye.
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Boye por presuntos delitos de blanqueo por narcotráfico en el seno de una organización criminal liderada por José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Recordemos que se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como el entramado criminal para blanquear el dinero logrado gracias a estas sustancias ilegales.
El auto rechaza el recurso de Boye contra su procesamiento por su presunta participación en una operación para recobrar 889.620 euros incautado por la policía en el aeropuerto de Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización. Boye, así como otros dos letrados, se encuentran procesados por participar en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero interceptado por la policía.
El constitucionalismo recibe la noticia con ironía
Dado que Boye es el responsable de la estrategia jurídica internacional de Puigdemont, la noticia ha provocado gran número de reacciones en el ámbito constitucionalista. Por ejemplo, el diputado del Partido Popular Toni Cantó ha compartido la noticia en su red de Twitter junto al comentario: «Voy a por palomitas y vuelvo».
Por su parte, el escritor y columnista de Vozpópuli y ABC Xavier Pericay se ha preguntado con ironía «a ver qué hacen ahora Ábalos o la fiscal Delgado con este pedrusco procesal», en alusión a las palabras del primero que consideraban los problemas de los separatistas con el Tribunal de Cuentas «piedras en el camino del diálogo».
