Si no como una gran gestora, la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, ha conservado durante su mandato una imagen de política honesta comprometida con sus ideas, se comulgase con ellas o no. Sin embargo, este retrato se ha resquebrajado por la imputación por subvencionar a entidades afinas de manera fraudulenta, caso por el que hoy declara ante el juzgado de instrucción 21 de Barcelona. La querella ha sido presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad democrática, entidad que Colau ha desacreditado porque «no se conoce actividad, quiénes son, ni cómo se financia» y aprecia «intencionalidad política» tras la denuncia.
En cualquier caso, Colau deberá responder por los 3,4 millones de euros concedidos a entidades afines a los comuns de manera, según la denuncia, «arbitraria y sin la tramitación formal, con el único objeto de financiar salarios, actividades y funcionamiento general de esas entidades» como el Observatori DESC, Ingenieros sin Fronteras y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los delitos presuntamente cometidos son prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Colau había tratado de frenar la causa con un escrito que señalaba que las acusaciones habían sido desestimadas previamente, pero la querella ha salido igualmente adelante. Cabe recordar que el Código Ético de los comunes establece que sus miembros deben dimitir si son acusados de corrupción.
