La conducta del Gobierno ante el caso Pegasus, en tela de juicio. Pese a que las escuchas del CNI a dirigentes separatistas se produjeron bajo autorización judicial y, por tanto, fueron legales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó ayer la polémica decisión de prescindir de la directora del centro de inteligencia, Paz Esteban, en un gesto dirigido a calmar a sus socios secesionistas. Esta decisión, sin embargo choca con la información que hoy El Mundo, según la cual el Gobierno fue informado en su momento por el CNI del espionaje a Pere Aragonès y de cuáles eran los motivos para llevarlo a cabo.
Así, este rotativo desvela que a finales de 2019 los servicios secretos hicieron saber a Moncloa y al Ministerio de Defensa que habían pedido permiso al Tribunal Supremo para espiar al líder de ERC. El motivo es que sospechaban de que Aragonés habría podido «coordinar» a los CDR, que a la sazón incendiaron barricadas en la AP-7 junto a la frontera francesa. Caber recordar que Aragonès respaldó los altercados del Tsunami Democàtic tras la sentencia del procés y que llamó a los radicales a «no aflojar». «Necesitamos a la gente movilizada para que el Gobierno se mueva», señaló el entonces vicepresidente.
Los servicios secretos siempre dan cuenta al Gobierno
Aunque algunas voces del Gobierno han afirmado que no conocieron la estrecha vigilancia a los 18 separatistas espiados, las fuentes consultadas por El Mundo sostienen con toda rotundidad que se informó de ello al Ejecutivo. «Como siempre se hace desde el CNI», puntualizan.
