El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a pagar 304 millones de euros a Acciona en concepto de indemnización por la anulación de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El TSJC responde así al recurso presentado por la compañía contra la Generalitat por haber liquidado el contrato de forma unilateral. Por esta decisión pagó a Acciona 53,8 millones de euros y no los 305 que reclamaba la empresa, que también pedía otros 733 millones en concepto de daños y perjuicios.
El origen de este litigio se encuentra en el recurso presentado en 2012 por Aigües de Barcelona, por considerar que la adjudicación a Acciona y sus socios no se ajustaba a la información que se había ofrecido en el concurso. Aigües de Barcelona recurrió la adjudicación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, perteneciente a la Generalitat, y este le dio la razón, declarando que la oferta que había presentado Acciona era «inadmisible«. A partir de ahí, comenzó un procedimiento judicial entre Agbar, Acciona y la Generalitat que, de momento, se ha saldado con este reconocimiento de indemnización hacia la segunda.
Una gestión valorada en 1.000 millones de euros
En el momento de hacerse con la concesión de Aigües Ter Llobregat, Acciona valoró la gestión en 1.000 millones de euros, según han recogido algunos medios. De esta cantidad, pagó 400 millones en el momento de la firma. Los 600 millones restantes debían pagarse a lo largo de los 50 años de duración de la concesión. ATLL gestiona el suministro de agua en cerca de 100 municipios, con una población total de 5 millones de habitantes. Acciona se había comprometido a ejecutar inversiones de mejora en la red por valor de 123 millones de euros en los cinco primeros años de la concesión.
En su sentencia, el TSJC establece que los 304 millones de euros que tendrá que pagar la Generalitat a la compañía obedecen a los siguientes conceptos: canon no amortizado (263 millones), inversiones realizadas no amortizadas (32,2 millones) y costes de licitación y constitución (3,3 millones). El tribunal no ha aceptado, sin embargo, la reclamación de 733 millones. No obstante, sí indica que la Generalitat debe abonarle el servicio prestado los meses de enero y febrero de 2019, así como la devolución de la garantía definitiva. La compensación la recibirá realmente el fondo Fortress, al que Acciona vendió en 2019 los derechos de la demanda por 170 millones de euros.