Los ERTE por fuerza mayor han sido un instrumento clave para frenar la destrucción de empleo, una vez decretado el estado de alarma y paralizar toda actividad económica no esencial. De las 381.968 personas protegidas por una situación de suspensión total o parcial por ERTE en Cataluña, 310.826 se han acogido a dicha modalidad. La posibilidad de exonerar la cotización social de los trabajadores que conlleva este tipo de ERTE, ha sido objeto de abuso, según denuncian los sindicatos, por parte de numerosas empresas de grandes dimensiones.
Este viernes, la plantilla de Alliance Healthcare ha iniciado la ronda de movilizaciones organizadas para denunciar la actitud y las supuestas prácticas de la empresa, que no ha dudado en despedir a varios empleados y obstaculizar la tarea de los representantes sindicales. De cara a los días 3,6, 7 y 8 de julio se han convocado tres horas de huelga por turno en todos los centros de trabajo que la multinacional tiene en toda España. Esta mañana se ha llevado a cabo una concentración ante la planta situada en la calle del pintor Joan Miró de Polinyà (Barcelona) a las 11.45 horas. Los manifestantes han exigido la readmisión inmediata de los 16 trabajadores despedidos, así como el abandono de las prácticas antisindicales por parte de la multinacional farmacéutica.
Un ERTE de fuerza mayor no justificado
Tras declararse el estado de alarma, la multinacional presentó un ERTE de fuerza mayor, a pesar de los beneficios económicos que reparte cada año entre sus accionistas, según fuentes sindicales. Comisiones Obreras denunció que ese expediente de regulación temporal de empleo no estaba justificado ante la Audiencia Nacional. Posteriormente, la directiva registró otro ERTE por causas organizativas y productivas, que el sindicato volvió a denunciar por falta de justificación. Al tratarse de una farmacéutica, Alliance Healthcare realizaba un servicio esencial, de manera que la plantilla no dejó de trabajar durante la pandemia. Los empleados hacían llegar medicamentos y productos sanitarios a farmacias y hospitales, además de optar por el teletrabajo siempre que este fuese posible.
Tras declararse el estado de alarma, la multinacional presentó un ERTE de fuerza mayor, a pesar de los beneficios económicos que reparte cada año entre sus accionistas, según fuentes sindicales
Cuando Comisiones Obreras denunció los ERTES, la empresa adoptó, según los sindicatos, prácticas antisindicales -vulneración del derecho a la información y consulta, obstrucción al trabajo de los representantes sindicales, etc.-, además de amenazar con posibles sanciones. Además, la empresa penalizó con 16 despidos disciplinarios por bajo rendimiento que afectaron a 6 trabajadores de la planta de Polinyà afiliados a Comisiones Obreras. También ha empeorado las condiciones de sus empleados, ordenando cambios de turno y reducción de los incentivos, sin aviso previo.
Esta no es la primera ocasión que la empresa llena titulares con despidos y huelgas por parte de la plantilla, cansada de pedir mejoras laborales. Hace dos años, la empresa dejó en el paro a dos trabajadores del Prat que reivindicaban el paso de falso autónomo a trade (autónomos económicamente dependientes) para su colectivo de transportistas. Aunque buena parte de ellos lograron regular sus condiciones, parece que a la directiva no le gusta contar con trabajadores sindicados y organizados, luchando por unas condiciones más dignas.
