Lo que es normal en cualquier otro punto de España se convierte en excepcional en Cataluña. Así ha sucedido con la vacunación contra el COVID-19 de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajan en esta comunidad y que han tenido que recurrir a la Justicia para poder ser inmunizados por el departamento de Salud, que dirige la republicana Alba Vergés. La orden del TSJC para que la consellera vacune en 10 días a estos profesionales ha sido este jueves motivo de discordia entre los grupos políticos del Parlament.
Vergés ha criticado la «judicialización» de esta medida sanitaria. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Joan Garriga, que ha acusado al Govern de protagonizar «un acto supino de sectarismo«. Garriga, además, ha exigido a Vergés que no agote el plazo que le ha dado el TSJC y que abone «las facturas de los abogados» que han llevado a la Justicia este hecho.
Urticaria y el prófugo de Waterloo
No ha sido el diputado de Vox el único que ha criticado a Vergés por lo sucedido. También lo ha ha hecho la número 2 del PP, Lorena Roldán, que ha asegurado que el Govern no quiso vacunar a estos agentes porque «todo lo que huele a Estado» produce «urticaria» a los separatistas. «Es evidente», ha añadido, «que se guían por el odio y no por criterios sanitarios». Unas palabras por las que ha sido reprendida por la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
El diputado de Cs Matías Alonso también ha reprochado al Govern lo sucedido. Y ha preguntado si la decisión de no vacunar a los agentes fue tomada «al dictado del prófugo de Waterloo«, en referencia al expresidente Carles Puigdemont. En su caso, ha sido la portavoz en funciones, Meritxell Budó, la que le ha respondido que «la voluntad del Govern es garantizar la vacunación de toda la población de Cataluña».
