En los últimos días, se ha dicho que el mundo empresarial respaldaba a Sánchez en su voluntad de conceder indultos a los políticos separatistas que permanecen presos por el golpe institucional de 2017. Así lo han hecho tanto el catalán Cercle d’Economía —cuyo director, Javier Faus, señaló que era el «momento de solucionar el conflicto»— como el nacional CEOE —de quién su presidente, Antonio Garamendi, defendió la necesidad de la medida de gracia para «normalizar» la situación. Sin embargo, esto no es del todo cierto, por hay que parte del empresariado catalán que rechaza los indultos. A saber, la asociación Empresaris de Catalunya.
Este colectivo constitucionalista sostiene los «presos condenados por sedición y malversación no se merecen el indulto». ¿Los motivos? «Ni han pedido perdón, ni han manifestado su voluntad de respetar nuestra legalidad democrática». Y es que, según la organización, a los políticos presos «no les interesa la convivencia ni la concordia», sino «solo su negocio: el separatismo y el chantaje permanente».
Una entidad hija del ‘procés’
Empresaris de Catalunya, entidad presidida en la actualidad por el abogado y empresario Carles Rivadulla desde que su anterior líder, José Bou, asumió la candidatura de la alcaldía de Barcelona por parte del Partido Popular Catalán, nació en 2014 con el «objetivo de dar voz a los empresarios y profesionales de la empresa que deseamos alertar de las consecuencias negativas que traería el “proceso secesionista” catalán para la actividad económica de Cataluña y, en consecuencia, para todos y cada uno de los catalanes».
