La muerte de siete ancianos por Covid en la residencia Torreblanca de Sant Joan les Fonts (La Garrotxa) empieza a cosechar reacciones. El Defensor del Paciente ha solicitado por escrito al Fiscal Superior de Cataluña que intervenga e investigue lo sucedido, instando a que se tomen medidas «para evitar tantas muertes y tanta falta de responsabilidad de residencias y administración». Y es que, según el Defensor del Paciente, una vida no se puede perder «sin que nadie asuma responsabilidades».
El brote fue detectado a principios de agosto a raíz de un cribaje entre los profesionales del centro y, desde ese momento, se activaron los protocolos. Pese a ello, los positivos pasaron de cinco en un primera prueba a los quince actuales. Según el Defensor del Paciente, los que han pagado las consecuencias han sido los ancianos por «falta de prevención» y de exigencia de que «los trabajadores se vacunen». Para fundamentar la petición, el Defensor del Paciente se ha acogido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual quién tenga noticia de un delito público debe denunciarlo ante el fiscal.
La residencia abre su propia investigación
En su defensa, la residencia Torreblanca emitió un comunicado en el que, además de lamentar la muerte de los ancianos, informa de que el centro sigue un estricto control de seguridad. Éste incluye cribajes semanales con PCR a todo el equipo de profesionales, dos test de antígenos a la semana a los trabajadores no vacunados y obligación de incorporarse tras las vacaciones con una PCR negativa. Además, el centra señala que ha abierto una investigación propia para esclarecer lo ocurrido.
