Según una encuesta realizada por PIMEC entre las micro, pequeñas y medianas empresas de Cataluña, desde el 20 de diciembre hasta el 17 de enero, el 70,5% de las empresas catalanas han tenido personal de baja por incapacidad temporal (IT). Así, el impacto de esta sexta ola ha provocado que el 30,6% de las empresas tengan que parar su actividad de forma parcial y el 3,1% totalmente.
El 30,6% de las empresas han tenido que parar la actividad de forma parcial y el 3,1% se ha visto obligada a parar totalmente.
Esta afectación, según los datos recogidos por la patronal, se agudiza más en los sectores de la construcción (48,8%), primario (47,1%), restauración y hostelería (44,6%) y comercio (40,7%).
Ante esta situación, las pimes han tenido que reorganizar su actividad mediante grupos burbuja (32%), aumento del teletrabajo (27,1%), contratando más personal (21,8%) o a través de otras fórmulas (19%). Finalmente, el 55,8% de las empresas afirma que las bajas laborales han supuesto un aumento de costes, y el 22,8% ha tenido problemas en la tramitación de las bajas laborales.
Las pimes han tenido que reorganizar su actividad mediante grupos burbuja (32%), aumento del teletrabajo (27,1%), contratando más personal (21,8%) o a través de otras fórmulas (19%).
Falta de sensibilidad con el tejido productivo y la actividad económica
La patronal considera que una vez más se ha mostrado una falta de sensibilidad con el tejido productivo y la actividad económica. Esto, sostiene, genera incertidumbres en los protocolos e inseguridad entre empresas y trabajadores. Posteriormente, automatismos de las bajas y las altas que comportan incidencias administrativas. En este sentido, Pimec considera que no se ha dotado de los recursos necesarios, con la celeridad necesaria para evitarlo, con una cierta improvisación que ha revertido en un funcionamiento deficiente de las tramitaciones y la transmisión de comunicaciones a empresas y al sistema de seguridad social.
Pimec considera que no se ha dotado de los recursos necesarios, con la celeridad necesaria para evitarlo.
Por otra parte, considera la patronal, todo esto revierte en un número relevante de incidencias en los cálculos de los salarios y de las liquidaciones de seguridad social, así como de las liquidaciones de retenciones a cuenta del IRPF y otras tramitaciones administrativas, razón por la cual pide una moratoria administrativa para evitar el alud de incidencias en estos trámites administrativos.
