Parte de la izquierda no separatista que defiende la inmersión afirma que ésta no es una medida nacionalista, sino que se trata de una herramienta que sirve para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades —obviando que diversos estudios señalan que, en igualdad de condiciones socioeconómicas, los niños castellanohablantes fracasan el doble que los catalanohablantes. Sin embargo, no es ningún secreto que los nacionalistas consideran la exclusión del castellano como un elemento indispensable para la construcción nacional.
Así lo dejó patente ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una rueda de prensa tras el consell executiu. Y es que, según el líder republicano, con la sentencia de la justicia que establece que el español también sea vehicular en las escuelas —el ya famoso 25%— no solo «está en juego el futuro de la lengua», sino «la idea de Cataluña como nación, como un solo pueblo». «Quien tiene que fijar la política lingüística en las escuelas es el gobierno de Cataluña, compartido con la comunidad docente, y no a partir de ninguna decisión de un tribunal ni con presiones de la derecha más rancia», explicó.
Seguridad jurídica para los docentes que quebranten la ley
Ante ese escenario, advirtió de que la Generalitat defenderá el modelo de Escola Catalana «con todas las herramientas de que dispone», e insistió en que el fallo de los tribunales es «injusto porque rompe el consenso lingüístico». Así pues, instó a dar una «respuesta a la sentencia» a través de «un gran consenso que rompa la dinámica de reducción de su uso social» a la para que ofrezca «seguridad jurídica a los docentes a la hora de hacer su trabajo».
