Cuenta atrás para que la aún presidenta del Parlament, la posconvergente Laura Borràs, se siente en el banquillo. El juez instructor del TSJC ha ordenado este martes la apertura de juicio oral contra la también presidenta de Junts, que deberá responder de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La fecha del juicio no se sabrá hasta el próximo mes de septiembre. La Fiscalía solicita para la separatista una pena de seis años de prisión y 21 más de inhabilitación.
Este auto abre no solo el plazo para que Borràs se explique ante la Justicia sino, y más importante en este momento, para que el Parlament tome una decisión sobre su futuro como presidenta de la Cámara y diputada. Y es que el reglamento de esta institución deja muy claro que, en cuanto se produzca la apertura de juicio oral, los cargos públicos vinculados a esta entidad deberán dejar de serlo. En este sentido, formaciones como Vox ya han anunciado que registrarán en breve la petición para que Borràs abandone la Cámara autonómica. «El separatismo es corrupción», ha recordado el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, tras anunciar la presentación del escrito.
