Varapalo para los planes de uniformización lingüística de la Generalitat. Cuando la Justicia dictaminó que un 25% de la educación en Cataluña debía impartirse en castellano —convirtiendo así a esta lengua en vehicular junto al catalán— el Govern junto al PSC y los comunes aprobaron una ley ad hoc para esquivar la sentencia y blindar el monolingüismo actual. La nueva ley prohibía los porcentajes, por lo que la extensión del 25% quedó paralizada a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la norma de la Generalitat —que según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)tenía «visos de inconstitucionalidad»—.
Ante esta situación, el conseller de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray comunicó a principios de curso a los centros que ya aplicaban el 25% que dejaran de hacerlo. Una decena de colegios le hicieron caso y se apresuraron a eliminar el castellano, pero el resto —una veintena— prefirió esperar a tener más garantías jurídicas para vetarlo. En aras de presionar a los directores de estos centros, la Generalitat había convocado una reunión en la que pretendía convencerlos que el desacato no tendría consecuencias para ellos. Sin embargo, el TSJC ha resuelto mantener el 25% en aquellos centros donde se aplica. Así, ha rechazado que se revoque la aplicación cautelar del porcentaje en dos colegios de Vila-Seca y el Prat de Llobregat.
Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha exigido a la Alta Inspección de Educación que «actúe inmediatamente ante la acción ilegal de Educació al retirar el 25% a las familias que ya lo tenían reconocido». En este sentido, el colectivo probilingüismo ha recordado que la «Delegación del Gobierno en Cataluña no ostenta un puesto protocolario y tiene responsabilidades que cumplir».
