El acoso sufrido por una enfermera andaluza del Vall D’Hebron que criticó la exigencia del catalán para opositar en Cataluña podría tener consecuencias judiciales. Como contamos en ElLiberal.cat, tras referirse al requisito como al «puto C1 de catalán», el separatismo orquestó una campaña de acoso político y mediático contra la joven que obligó a ésta a solicitar la baja por ansiedad. Una campaña en la que llegó a participar el conseller de Sanidad Manel Ballcels, que anunció que abriría a la sanitaria un expediente disciplinario.
Ahora, la Fiscalía de Delitos de Odio ha abierto diligencias para aclarar si el hostigamiento sufrido por la enfermera, a la que se tachó de «catalanófoba», es constitutivo de delito. La denuncia, interpuesta por la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano considera que los hechos podrían acarrear tres delitos: precavaricación administrativa por el expediente abierto, incitación al odio por el señalamiento e impedimento del ejercicio de derechos cívicos por censura ideológica.
