Pese a que Junts y ERC atribuyan a una «estrategia del Estado» la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de Puigdemont contra su detención, lo cierto es que otros hechos parecen desmentir que esto sea así. En primer lugar, una miembro del TC —Laura Díez, una ex alto cargo de Moncloa—, votó a favor del recurso y protestó por que la decisión se tomase en periodo vacacional. En segundo lugar, la Fiscalía —de la que Pedro Sánchez presumió de tener bajo control en unas polémicas declaraciones—, apenas esperó unas horas para anunciar que recurría la resolución del constitucional sobre Puigdemont.
Ante este escenario, son diversas las voces críticas que han denunciado el aparente alineamiento del Ejecutivo con Puigdemont. Así, el politólogo José Javier Olivas ha calificado la irrupción de la Fiscalía en el caso como «fenómenos extraños que suceden en periodo de negociaciones para la investidura». Por su parte, el expresidente de SCC Josep Ramón Bosch ha señalado: «Sánchez pone la Fiscalía al servicio de Puigdemont y recurrirá la inadmisión de su amparo al TC ¿La Fiscalía de quién depende? Del gobierno. Pues ya está».
