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Feijóo ante el debate de investidura

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En mi artículo de la semana pasada, “¿A quién designará candidato el Rey?” argumentaba que a la vista de las dudas expresadas por algunos de los potenciales avalistas de Sánchez “el Rey estaría legitimado para designar a Feijóo candidato”. Tras la ronda de audiencias mantenidas por el jefe del Estado con los representantes de los partidos políticos o coaliciones de partidos que obtuvieron escaños en el Congreso, Felipe VI pudo constatar que Feijóo contaba con el respaldo firme de los 172 diputados del PP (137), Vox (33), CCa (1) y UPN (1), una cifra bastante superior a los 152 diputados del PSOE (102), PSC (19) y Sumar (31) que respaldaban a Sánchez. Como es de todos conocido, los representantes de los partidos o coaliciones de partidos republicanos independentistas rehusaron acudir a la cita en el palacio de La Zarzuela.

Felipe VI obró en consecuencia y designó a Fejóo, ganador de las elecciones y con mayores respaldos constatados hasta ese momento, candidato a ser investido presidente, a sabiendas de la dificultad que entraña para el candidato del PP lograr el apoyo de 176 diputados en primera votación o la mayoría simple en la segunda. En efecto, los posicionamientos hechos públicos por varias fuerzas políticas que auparon a Sánchez a La Moncloa con 88 escaños el 1 de junio de 2018 y respaldaron a sus gobiernos en la XIV legislatura indican que a Feijóo le va a resultar muy difícil salir victorioso del envite cuyo primer asalto tendrá lugar en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre, a menos que el PNV modifique su posición entretanto o algunos diputados del PSOE se abstengan en la segunda votación a celebrar cuarenta y ocho horas después..

Los fracasos electorales cosechados por Sánchez en las elecciones autonómicas y municipales del 27M y en las generales el 23J han dejado al presidente en funciones en una situación de debilidad extrema

La cesión de diputados de Sumar a ERC y del PSC a JxCat para permitir a estos dos partidos tener grupo propio en el Congreso indica claramente que Sánchez (PSOE), Illa (PSC) y Díaz-Colau (Sumar) no están dispuestos a tirar la toalla y dejar paso a quien ganó las elecciones el 23-J y cuenta con el respaldo de 172 diputados. Y es que pese a la indecente utilización realizada de los Presupuestos Generales del Estado y los Reales Decretos como cebos electorales, los sonados fracasos electorales cosechados por Sánchez en las elecciones autonómicas y municipales el 27-M y en las generales el 23-J han dejado al presidente en funciones en una situación de debilidad extrema, y mantenerse en La Moncloa, convertida en una oficina de colocación para quienes como Armengol perdieron su puesto en las urnas, es casi la única baza con que cuenta el presidente en funciones para evitar una rebelión interna en su partido. 

Para los votantes y militantes y algunos cargos electos del PSOE resulta harto incomprensible que Sánchez y Díaz, aspirantes a ocupar las más altas del gobierno de España, se hayan prestado a ceder a ERC y JxCat diputados, desvirtuando con esta práctica tan poco virtuosa los resultados electorales del 23-J. Que Sumar se haya prestado a hacerlo con ERC, entraba dentro de lo previsible, puesto que es bien conocida la posición de la Sra. Díaz sobre la Transición que, a su entender, quedó incompleta al no haber pasado al Rey por la guillotina y proclamado la III República. Pero que algunos diputados del PSC y senadores del PSOE se hayan prestado a proporcionar más recursos y visibilidad a un partido liderado por un prófugo de la justicia que lleva a gala ser el presidente de la república catalana en el ‘exilio’, resulta sencillamente indigerible y escandaloso. A semejante despropósito llama Sánchez articular una mayoría progresista de gobierno.

La mera postulación de Feijóo como candidato y su designación por Felipe VI para presidir el Gobierno va a brindar al líder del PP una oportunidad extraordinaria

Más allá de que logre o no ser investido, la mera postulación de Feijóo como candidato y su designación por Felipe VI para presidir el gobierno de España va a brindar al líder del PP una oportunidad extraordinaria para exponer su proyecto político sin limitaciones de tiempo y confrontarlo con la alternativa ‘progresista’ que a más y más ciudadanos de variada ideología se nos antoja involucionista y profundamente reaccionaria, por su dependencia de ‘podemitas’ e independentistas de diversa ralea. Feijóo dispone de un plazo suficiente hasta finales de septiembre para componer un discurso serio y contundente y prepararse a fondo para responder a la lluvia de medias verdades y falsas acusaciones con que Sánchez y sus avalistas tratarán de descalificarlo en el hemiciclo por sus pactos con Vox. 

Además de airear las graves deficiencias de los gobiernos de Sánchez en la gestión de la pandemia y de la recuperación económica, las desastrosas consecuencias sociales de algunas leyes aprobadas en la pasada legislatura, y los vergonzosos indultos concedidos por el presidente Sánchez a los golpistas de ERC y JxCat, una tarea relativamente sencilla, Feijóo tendrá que desgranar las líneas maestras de su programa de gobierno para los próximos cuatro años y espero que sea capaz de exponerlas y defenderlas con el coraje moral y la convicción ideológica propia de quien ha analizado los grandes retos de la sociedad española a comienzos del siglo XXI, libre de sectarismos y prejuicios ideológicos, para acabar proponiendo soluciones razonables, anteponiendo siempre el interés general a los intereses particulares de algunos colectivos y territorios. Tiene algo más de un mes para ponerse manos a la obra.

Feijóo debería abordar la investidura con altura de miras y sentido de Estado y priorizar la recuperación del espíritu de concordia cívica de la Transición

Sin pretensión de arrogarme un papel que no me corresponde, voy a apuntar algunas ideas sobre la orientación y algunas cuestiones que deberían ocupar un lugar destacado en la exposición del programa de gobierno del candidato. Feijóo debería abordar la investidura con altura de miras y sentido de Estado. Entre sus prioridades en el ámbito político, la recuperación del espíritu de concordia cívica y entendimiento que posibilitó la Transición de la dictadura a la democracia tras el fallecimiento de Franco debería ocupar un lugar muy destacado. Resulta indispensable para mejorar la convivencia cordial que los partidos con mayor representación parlamentaria busquen puntos de encuentro que refuercen el orden constitucional y la división de poderes, los dos pilares centrales de nuestra democracia.

Feijóo debería hacer también hincapié en sus compromisos de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales, con independencia de su sexo, religión, ideología o lugar de residencia, y exigir por el cumplimiento de las sentencias de los Tribunales a todas las Administraciones en todo el territorio nacional. Y en el ámbito económico y fiscal, el candidato debería comprometerse a reformar la financiación autonómica para que todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad donde residan, puedan recibir los mismos servicios públicos, homogeneizados con criterios objetivos. Por último, resultaría muy deseable apostar por acabar con la mala costumbre de financiar el gasto corriente incurriendo en déficits públicos incluso en períodos de bonanza económica, una práctica contraria a la igualdad al trasladar la carga de la deuda a los más jóvenes.  

Las políticas que sí son profundamente regresivas son los cambalaches y concesiones a golpistas y herederos de ETA

Le resultará difícil a Sánchez argumentar que reforzar el orden constitucional, la división de poderes, el cumplimiento de las sentencias y afianzar la igualdad en el acceso a los servicios públicos de las generaciones presentes y futuras pueden calificarse como políticas regresivas. Porque no lo son en absoluto. Al contrario, las políticas que sí son profundamente regresivas, por mucho que Sánchez intente justificarlas como necesarias para articular una mayoría ‘progresista’, son los indecorosos cambalaches y concesiones a golpistas y herederos de ETA que jalonaron la pasada legislatura con el único propósito de mantenerse en La Moncloa, y que, mucho me temo, son tan sólo el aperitivo de las que nos aguardan en caso de que Sánchez acabe siendo investido presidente y arranque una legislatura con el respaldo de los mismos avalistas. 

La menor de todas ellas, aunque muy significativa, es el ya citado fraude del Reglamento del Congreso, con cesión de votos y senadores para facilitar a ERC, JxCat y PNV contar con grupos parlamentarios propios en el Congreso y el Senado. Otorgarles mayor visibilidad y más recursos de los que les corresponden a partidos cuyos líderes no ocultan su voluntad de constituir repúblicas independientes en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, no cabe interpretarlo como un acto de generosidad para ayudar a resolver los mal llamados conflictos ‘políticos’ catalán y vasco, sino más bien como la rendición del Estado de Derecho ante el chantaje de golpistas confesos o en ciernes. Lamento profundamente constatar que el PP haya incurrido también en dos errores de bulto: primero, lo ocurrido en Cataluña en 2016 y 2017 a cuatro o cinco de los líderes de HxCat; y segundo considerar a JxCat como “interlocutor válido para negociar la investidura”. Les recomendaría a Pons y demás responsables de semejantes pasos en falso que echen un vistazo a las páginas web del partido de Puigdemont. 

En lugar de cortejar a JxCat, Feijóo debería ofrecer su mano tendida a Sánchez

En lugar de cortejar a JxCat, Feijóo debería ofrecer su mano tendida a Sánchez y preguntarle en algún momento del debate si no resultaría más beneficioso para la mayoría de los españoles que algunos diputados del PSOE se abstuvieran en la segunda votación de su investidura en lugar de negociar la suya para no dejar el próximo gobierno de España merced de todos y cada uno de los cuatro partidos, ERC, JxCat, EH-Bildu y PNV, cuyos escaños le resultarán indispensables a Sánchez para aprobar cualquier norma en el Congreso, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Nadie puede calificar como apelación al transfuguismo esta llamada a la responsabilidad institucional, como tampoco resulta apropiado calificar de tránsfugas a los diputados de Sumar y PSC y a los senadores del PSOE cedidos a ERC, JxCat y PNV. Quiero subrayar, para evitar malentendidos, que resultaría igualmente pertinente formular la misma pregunta a Feijóo en el caso de que Sánchez fuera quien necesitara la abstención de algunos diputados del PP para ser investido presidente del gobierno.

El precio por no buscar el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios nos sumirá casi con toda seguridad en un escenario de gran inestabilidad que puede tornarse insoportable en pocos meses. Los líderes de ERC y JxCat ya han manifestado que venderán muy caros los pocos escaños obtenidos el 23-J, y aunque más cautos en sus pronunciamientos EH-Bildu y PNV seguirán, no lo duden, su estela. La mayoría de los ciudadanos españoles no hemos votado a ninguno de esos partidos y no nos merecemos estar sujetos al chantaje permanente de unos líderes que, en el caso de ERC y JxCat, fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo o ejercen de prófugos de la justicia y hasta en el caso de Puigdemont de presidente del consejo de la república catalana en el ‘exilio’.

La obligación moral de Feijóo y Sánchez ante quienes les hemos votado el 23-J es ponerse de acuerdo para evitar esa dependencia corrosiva de partidos que desprecian el interés general y están forzando las costuras del orden constitucional más allá de lo deseable y razonable en nuestra joven democracia. Ahora le corresponde a Feijóo, como ganador de las elecciones, recibir el apoyo de Sánchez, y a éste le toca en buena ley apoyar su investidura, a sabiendas de que el PP tendrá que pactar sus políticas con el PSOE, no con Vox, ni con ERC, JxCat o EH-Bildu, mientras dure la legislatura. No tengo ninguna duda de que los acuerdos a que pudieran llegar PP y PSOE para acometer reformas constitucionales, aumentar la equidad del sistema de financiación autonómica, agilizar el sistema judicial, mejorar los sistemas sanitarios y educativos, asegurar el futuro de las pensiones, etc., resultarían más estables y beneficiosos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Dar este paso sí es cuestión de voluntad política y a buen seguro que de hacerlo algunos independentistas y ‘podemitas’ tendrían que envainarse sus ínfulas.

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