El juzgado de Primera Instancia número 54 de Barcelona ha aceptado a trámite la petición de medidas cautelares de la condenada Rosa Peral contra la serie de Netflix El cuerpo en llamas cuyo estreno está previsto para el próximo ocho de septiembre, según ha adelantado el digital El Taquígrafo. La serie relata el crimen protagonizado por Peral, condenada a 25 años de prisión por asesinar a su pareja, ambos guardias urbanos de Barcelona, con la colaboración de su entonces amante, también agente del cuerpo local.
Peral quiere revisar el contenido de la serie, producida por Arcadia Motion Pictures, porque considera que este puede afectar a su derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y también a los derechos de sus hijas. Protagonizada por la catalana Úrsula Corberó, la serie preocupa a Peral porque desconoce el tratamiento que dará a su «imagen pública» y porque ella no ha autorizado la misma, según un escrito de su abogada citado por el mismo medio.
Un triángulo amoroso con final fatal
Peral fue condenada a 25 años de prisión en 2020 por asesinar a su pareja, Pedro Rodríguez, en mayo de 2017. El cadáver, carbonizado, fue hallado en el interior de un coche cerca del pantano de Foix. Peral y su amante, Albert López, fueron acusados del asesinato y de la ocultación del cadáver. El triángulo amoroso había protagonizado varios escándalos dentro de la Guardia Urbana barcelonesa, pues Peral había denunciado previamente haber sido víctima de un caso de difusión de imágenes pornográficas por parte de un superior. Su amante, por otro lado, estuvo implicado en la detención en 2014 de un hombre que falleció durante la misma. Peral intentó que fuera acusado del asesinato su exmarido, Rubén.
Durante el juicio, los amantes se acusaron el uno al otro de haber asesinado a Pedro Rodríguez. El fiscal, por su parte, defendió que ambos habían ideado un plan para asesinar aa Rodríguez, pues en el pasado habían sido novios y pretendían retomar la relación. Ambos fueron acusados de asesinato con traición y, en el caso de ella, con el agravante de parentesco. Un jurado popular los consideró culpables por lo que fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel respectivamente y a indemnizar a la familia de la víctima con 885.000 euros. La sentencia ha sido ratificada por el TSJC y por el Supremo.
