Es sabido que los rectores de las universidades públicas catalanas han mostrado su respaldo en varias ocasiones al proyecto secesionista catalán, conculcando así su debida neutralidad institucional. En esta ocasión, los rectores han hecho público en redes sociales que han mantenido una reunión en Francia con el expresident prófugo Carles Puigdemont para que éste, en representación de Junts per Cataluña, escuche sus propuestas en materia de universidades e investigación, así como el contenido de la Declaración de Calonge, que esencialmente demanda más financiación —concretamente, 1.250 millones de euros en 2025—.
No es la primera vez que la conducta de los rectores se alinea con el poder nacionalista. Cabe recordar, por ejemplo, que ante los numerosos ataques que ha sufrido la entidad juvenil constitucionalista S’ha Acabat en entornos universitarios, el rectorado se ha negado invariablemente a condenar de manera especifica las agresiones. Por otra parte, Universitaris por la Convivencia ha denunciado en el pasado la sumisión de los dirigentes universitarios al secesionismo. Sin ir más lejos, hace un par de años los rectores rechazaron públicamente la sentencia judicial que establecía que un 25% de las clases debían de impartirse en castellano.
