La multinacional suiza Nestlé ha comunicado este martes a los comités de empresa de sus centros en España la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores, sobre una plantilla total de 4.158 personas. La decisión se enmarca dentro del plan global de reestructuración de la compañía, que prevé el despido de 16.000 empleados en todo el mundo, alrededor del 6% de su plantilla, durante los próximos dos años.
Este ajuste fue anunciado hace seis meses, coincidiendo con la llegada de Pablo Isla a la presidencia del grupo. Aunque la empresa no ha detallado cómo se repartirán los despidos, sí ha confirmado que afectarán a distintas áreas como oficinas, equipos de ventas, centros logísticos y varias plantas de producción, entre ellas las de Girona y Reus, además de otras instalaciones repartidas por el territorio nacional.
Desde la dirección de la compañía se justifica la medida por la necesidad de adaptar su estructura al nuevo contexto del mercado. La multinacional señala cambios en los hábitos de consumo y la importancia de centrarse en marcas estratégicas, apostando por la automatización y la digitalización de procesos con el objetivo de asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo.
Rechazo de UGT
El sindicato UGT ha rechazado el ERE y lo considera “injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable”, especialmente tratándose de una empresa líder en el sector alimentario que continúa registrando beneficios millonarios. Los representantes de los trabajadores sostienen que en mercados clave como el español la compañía mantiene un rendimiento sólido, con crecimiento sostenido, inversiones elevadas y un fuerte impulso de la innovación y las exportaciones.
En el último ejercicio, Nestlé España alcanzó una facturación de 2.894 millones de euros, impulsada por el aumento de las ventas en el mercado nacional, que crecieron un 4,8% hasta los 1.619 millones, y por el avance de las exportaciones. Además, la compañía registró su mayor nivel de inversión en la última década, con 96 millones de euros.
Para los sindicatos, estos datos evidencian que no se trata de una empresa en crisis, sino de una decisión estratégica que traslada el coste de la transformación a la plantilla. La empresa ha propuesto la creación de una comisión negociadora formada por 13 representantes sindicales, cuya primera reunión está prevista para el próximo 6 de mayo, cuando se iniciará el proceso de negociación del ERE.
