La Policía Nacional sostiene ante la Audiencia Nacional que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue un proceso planificado y no un episodio espontáneo provocado por las mafias o las redes sociales.
Según el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), al que ha tenido acceso El Español, agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían guiado a los migrantes desde Castillejos y dirigido su llegada hacia distintos puntos de la frontera española. El documento ha sido remitido a la juez María Tardón y está también en manos de la Fiscalía.
Agentes de paisano
El informe también señala la presencia de individuos de paisano que habrían supervisado la entrada masiva y dado instrucciones a los agentes marroquíes. La Policía afirma contar con imágenes que mostrarían esta coordinación.
Para el CENIF, la dimensión migratoria habría sido solo una cobertura para una operación con otro objetivo. La unidad considera que los indicios recogidos descartan que se tratara de un movimiento espontáneo.
El 90% regresó
El informe destaca que alrededor del 90% de las personas que entraron en Ceuta regresaron a Marruecos pocas horas después, sin permanecer en la ciudad. La Policía también señala que las entradas se produjeron en varias oleadas y con perfiles diferentes, un patrón que, a su juicio, reforzaría la hipótesis de que se trató de un proceso planificado.
Tres oleadas
La entrada en Ceuta se produjo en varias oleadas y con perfiles diferentes. La primera, antes de las 11.00 horas del 30 de julio, estuvo protagonizada principalmente por jóvenes marroquíes de entre 15 y 25 años equipados con neoprenos, aletas y flotadores. Entre las 11.00 y las 22.00 horas llegaron familias, mujeres y menores, además de un mayor número de personas subsaharianas, mientras que durante la noche y el día siguiente volvió a predominar el perfil de jóvenes preparados para cruzar a nado.
Para el CENIF, esta sucesión de perfiles apunta a una estrategia organizada: primero, saturar los controles fronterizos con personas preparadas para el cruce y, después, facilitar la entrada de colectivos más vulnerables.
Alerta previa
El informe recoge también las alertas previas a los acontecimientos. El 29 de julio, el CENIF advirtió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla de un riesgo de entrada coordinada por vía marítima previsto para el día siguiente.
La nota calificaba de «riesgo extremo» los posibles accesos ilegales a nado y mediante saltos de la valla. Para la Policía, estas advertencias refuerzan la hipótesis de que la entrada masiva respondió a una planificación previa.
Investigación judicial
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que estaba de guardia durante los hechos, pidió el 31 de julio informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil para determinar si existían indicios de un posible delito contra la independencia del Estado.
Durante las primeras horas de la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la entrada masiva en Ceuta como un «ataque a la integridad territorial de España».
Otra convocatoria
El informe también analiza una segunda convocatoria prevista para el 15 de agosto, que, según el CENIF, fue controlada por las autoridades marroquíes. La Policía considera este hecho un indicio de la capacidad de Marruecos para organizar y controlar los movimientos hacia la frontera de Ceuta.
El documento señala además que, tras la entrada masiva, representantes oficiales marroquíes volvieron a reivindicar la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
Posible contrainteligencia
El CENIF considera que los hechos pudieron formar parte de una operación de contrainteligencia ofensiva destinada, entre otros efectos, a cuestionar la capacidad de los servicios españoles para detectar y anticipar este tipo de operaciones.
El informe señala especialmente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya capacidad de prevención habría quedado en entredicho tras los acontecimientos.
La investigación sigue abierta
La documentación remitida a la Audiencia Nacional permitirá profundizar en el papel de las autoridades marroquíes y en la posible existencia de un objetivo distinto al migratorio. No obstante, el informe policial no determina por sí mismo responsabilidades ni la comisión de un delito.
Ahora corresponde a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional valorar los indicios y decidir si continúan las pesquisas sobre la organización de los hechos y la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.
