Los Mossos d’Esquadra están redoblando esfuerzos contra los empadronamientos fraudulentos en Cataluña, una práctica delictiva que permite a individuos sin escrúpulos aprovecharse de extranjeros en situación vulnerable.
El último caso ha tenido lugar en Palafrugell, donde agentes de la policía autonómica y la Policía Local han detenido a un varón de 57 años, vecino de la Bisbal d’Empordà, al que se le imputan 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros 23 por falsificación de documento público, oficial o mercantil.
Un arrendador fallecido
Todo se destapó cuando una vecina, estupefacta, alertó a la Oficina d’Atenció al Ciutadà al descubrir que habían registrado a su difunto marido como arrendador en un supuesto contrato de alquiler. La investigación, que ha obligado a revisar documentación desde 2020, reveló que el detenido —copropietario y administrador de una gestoría de seguros ya extinguida— utilizaba los datos de la empresa para estafar a inmigrantes sin regularizar.
Solo entre 2020 y 2024 habría orquestado al menos 30 empadronamientos falsos, simulando contratos a cambio de entre 300 y 500 euros mensuales por familia. El precio final por cada reagrupación alcanzaba, según fuentes policiales, los 6.000 euros, lo que dejaba a muchas familias endeudadas y en situación de pobreza nada más llegar a España.
Robo a la Administración Pública
Mossos ha confirmado además que este tipo de actividades ilícitas no solo perjudican directamente a las víctimas, sino también a la Administración Pública, ya que permiten el acceso fraudulento a prestaciones y beneficios sociales.
El detenido no actuaba solo: una treintena de integrantes de su red ya han sido arrestados, y no se descartan más detenciones. Solo en Palafrugell, advierte la policía autonómica, se han identificado como falsos 30 de los 300 empadronamientos solicitados en total.
