Las novedades de las últimas semanas dejan una conclusión incómoda: el caso de la antigua DGAIA no se ha cerrado. No solo por lo que revelan los informes, sino por lo que ocurre después: continuidad operativa, prórrogas y una reforma que, por ahora, no ha blindado el punto crítico: el control.
En X, el asunto vuelve a circular con fuerza, con mensajes que señalan cifras, entidades y responsabilidades políticas.
Qué se ha sabido (y por qué importa)
1) La Sindicatura pone cifra al descontrol.
El órgano fiscalizador cuantifica en 4,7 millones de euros los pagos indebidos vinculados a prestaciones a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022. El dato importa por sí mismo, pero sobre todo por lo que sugiere: que el problema no era un error aislado, sino un circuito con controles insuficientes durante años.
En redes, esa lectura —“no fue puntual, fue estructural”— se está imponiendo con claridad:
2) La auditoría no habla de fraude, pero sí de fallos de seguimiento.
La auditoría externa encargada por el Departament identifica deficiencias en la verificación posterior y cuantifica alrededor de 170.000 euros pagados de más en una muestra de expedientes (por ausencia o retraso en comprobaciones de requisitos como ingresos o situación administrativa). Es un matiz clave: no es una cifra “global”, pero sí un indicador de un sistema que pagaba sin revisar con la rapidez y la trazabilidad necesarias.
En X se ha puesto el foco, precisamente, en lo que no se ve: cruces de datos, alertas automáticas y registros auditables.
3) La contradicción práctica: el servicio se prorroga.
Pese al diagnóstico, el seguimiento de prestaciones a jóvenes extutelados continúa externalizado a una UTE de Fundació Resilis y Fundació Mercè Fontanilles, con prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026, según se informó en su momento y figura en la documentación de contratación.
En redes, esta prórroga se ha convertido en el símbolo de la distancia entre el discurso de “reforma” y la realidad del día a día:
4) La presión política sube un escalón.
La CUP ha anunciado que lleva el caso a instancias europeas de control, elevando el coste político del asunto y ampliando el foco más allá del debate interno catalán.
Y en paralelo, los debates en el Parlament de Catalunya y en medios siguen señalando el mismo punto: controles débiles, sobrecarga y un modelo que no se corrige solo con reorganizaciones.
El punto ciego: reformar sin blindar el control
La Generalitat anunció la sustitución del antiguo esquema por un nuevo marco administrativo y competencial, con el argumento de orientar el sistema hacia la prevención y ordenar responsabilidades. El problema es que el caso DGAIA no se mide por los organigramas, sino por los resultados: qué se paga, por qué se paga, quién verifica, cuándo se verifica y qué ocurre cuando algo falla.
Y aquí aparece el hecho decisivo: si el sistema detecta fallos, pero mantiene la misma arquitectura de supervisión —o la mantiene durante demasiado tiempo mientras “se transita” hacia el nuevo modelo—, el riesgo no desaparece. Se aplaza.
En X, esta idea —la continuidad— es la que más se está extendiendo estos días:
Este caso no va solo de cifras. Va de confianza pública en un ámbito donde la administración no es un actor más: es tutor, garante y, en la práctica, el último responsable de que un joven vulnerable no quede atrapado en un sistema que promete protección pero funciona con inercias.
Porque cada pago indebido que se perpetúa por falta de verificación no es únicamente dinero público mal gestionado. Es un síntoma de algo más grave: la pérdida de control real sobre decisiones que afectan a vidas concretas. Y cuando el control falla, el daño se multiplica por tres: lo sufren los jóvenes (que pueden quedar en una inseguridad administrativa constante), lo sufren los profesionales (que trabajan bajo presión y con recursos limitados), y lo sufre la propia institución (que se degrada cada vez que se demuestra incapaz de corregirse con rapidez).
La pregunta, por tanto, no es si “se está reformando” la DGAIA. La pregunta es si se está reformando lo que permitió que el descontrol existiera. Todo lo demás —comunicados, cambios de nombre y promesas a futuro— es administración del escándalo hasta que baje la temperatura. Y en protección de menores, esa forma de gobernar no es solo mala política: es irresponsabilidad.
