El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha decidido retirar la propuesta que vinculaba incentivos económicos a la reducción de la duración de las bajas laborales. La medida, impulsada por la consejería que dirige Olga Pané, había generado un amplio rechazo entre profesionales sanitarios, sindicatos y socios parlamentarios del Govern.
Según ha informado el departamento, los dos indicadores sobre la duración de las Incapacidades Temporales (IT) en patologías osteomusculares y de salud mental dejarán de computar tanto en la financiación de los Equipos de Atención Primaria (EAP) como en la retribución variable de los profesionales. Salud prevé comunicar la decisión a los centros a principios de la próxima semana.
Fuerte rechazo
La decisión llega tras las críticas del sector sanitario, que alertaba de una posible injerencia en el criterio médico. Sindicatos y entidades profesionales denunciaron que la medida podía condicionar la práctica clínica y vulnerar el derecho a la atención sanitaria.
El conflicto también escaló al plano político. Esquerra Republicana de Catalunya y Comuns se alinearon con las reivindicaciones del sector. Los Comuns incluso advirtieron de que su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat estaba en riesgo.
Origen de la medida
A inicios de 2025, el sistema sanitario catalán, a través de CatSalut, incorporó estos indicadores con el objetivo de aproximar la duración media de ciertas bajas a unos 20 días en los casos más frecuentes, especialmente en salud mental y patologías osteomusculares.
La medida se enmarcaba en un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dotado con 60 millones de euros anuales para mejorar la gestión de las incapacidades temporales. Según Salud, parte de las bajas se prolongaban por retrasos diagnósticos y en pruebas médicas.
Fin del conflicto
Pese a estas explicaciones, la presión ejercida por el sector sanitario y los socios parlamentarios ha obligado al Departamento de Salud a reconsiderar su planteamiento. Según ha informado la consejería, a principios de la próxima semana se comunicará a los Equipos de Atención Primaria que dichos indicadores no tendrán impacto económico ni en los centros ni en los profesionales.
Desde Salud insisten en que el objetivo de la medida nunca fue condicionar la labor médica, sino mejorar la eficiencia del sistema sanitario. “El criterio profesional de los médicos y médicas de atención primaria prevalece sobre cualquier otra consideración”, subrayan fuentes del departamento.
Con esta rectificación, el Govern busca cerrar un frente de conflicto con el sector sanitario y estabilizar el clima político en un momento clave de negociación presupuestaria, dejando sin efecto una medida que había generado un rechazo prácticamente unánime.
